La Guaira: actuar rápido sin reconstruir la vulnerabilidad
Abel Mejía-Betancourt
Imagen: Pexels
La urgencia habitacional no puede convertirse en una carrera por construir antes de entender y ordenar el territorio
Después del terremoto, la presión sobre el Gobierno para actuar con rapidez es inevitable. Las familias necesitan recuperar sus viviendas; los hospitales, las escuelas y las empresas deben volver a funcionar; y los servicios esenciales requieren intervenciones urgentes. Sin embargo, la velocidad puede convertirse en una nueva fuente de riesgo si se reconstruye en los mismos lugares y con las mismas debilidades institucionales que agravaron el desastre.
En La Guaira ya se observan señales preocupantes. El Gobierno anunció la entrega de 4.000 viviendas antes de que finalice 2026 y la evaluación de más de 40 terrenos para construir más de 25.000 soluciones habitacionales. La secuencia sugiere improvisación: se fijan metas, plazos y posibles localizaciones, mientras que el marco integral de recuperación y la ordenación multiamenaza del territorio aún no se han completado ni se han presentado públicamente.
El problema no es construir rápido, sino haber invertido el orden de las decisiones: anunciar primero cuántas viviendas se construirán y dónde, y verificar después si los terrenos son seguros, disponen de agua y saneamiento, y pueden recibir los servicios necesarios. La secuencia correcta es la contraria: primero, entender y ordenar el territorio; luego, identificar los terrenos aptos y, solo entonces, definir la localización y el número de viviendas. La ingeniería forense y las normas antisísmicas actualizadas son indispensables, pero no suficientes en una franja expuesta también a crecientes torrenciales, movimientos de masa y fallas en las tuberías de agua y cloacas que recorren la costa. Una vivienda construida en un lugar vulnerable no resuelve la emergencia: prepara la siguiente.
«Una vivienda construida en un lugar vulnerable no resuelve la emergencia: prepara la siguiente.»
Una estrategia nacional con una ventana inmediata
La Guaira no puede considerarse una emergencia aislada. El terremoto golpeó un territorio especialmente vulnerable en medio del colapso nacional de la electricidad, el agua y el saneamiento, y del prolongado desmantelamiento institucional. La respuesta debe integrarse en una estrategia nacional para reconstruir la infraestructura y los servicios públicos, con una ventana inmediata para las zonas afectadas.
Esa ventana debe restablecer servicios vitales, atender la vivienda perdida, reparar infraestructura crítica, gestionar reasentamientos, rehabilitar cauces y laderas y reducir las vulnerabilidades que exacerbaron el daño. También reconstruir, reparar y desazolvar las 62 presas de control de sedimentos y deslaves construidas hace 20 años. Pero este esfuerzo no debe convertirse en una reconstrucción paralela. Tiene que compartir con la estrategia nacional normas técnicas, información pública, reglas de contratación, salvaguardas, transparencia y compromisos de operación y de mantenimiento. Los recursos extraordinarios para La Guaira deben ser adicionales y no profundizar el deterioro del resto del país.
«La respuesta debe integrarse en una estrategia nacional para reconstruir la infraestructura y los servicios públicos.»
Entender y ordenar el territorio
La Guaira ocupa una estrecha franja urbana y económica entre la Cordillera de la Costa y el mar Caribe. La seguridad y el funcionamiento de sus viviendas, carreteras, redes de agua, puerto, aeropuerto y actividad turística dependen de un sistema territorial continuo que conecta la montaña, las cuencas, los cauces, los abanicos aluviales, el litoral y el mar.
En ese espacio convergen amenazas de distintos orígenes: sismos, crecientes torrenciales, flujos de sedimentos y movimientos de grandes rocas y detritos desprendidos de pendientes abruptas y de suelos inestables. Aunque no necesariamente ocurren simultáneamente, afectan a la misma población, a la misma infraestructura y al mismo territorio. Cada amenaza debe evaluarse por separado y sus pérdidas esperadas deben acumularse en los activos y las comunidades expuestos. Esa superposición multiamenaza debe orientar las decisiones: dónde puede reconstruirse, dónde se requieren medidas de mitigación, dónde la ocupación debe condicionarse y dónde no debería autorizarse ningún nuevo desarrollo.
El Plan de Ordenamiento de 2005 ya reconocía estas amenazas y establecía restricciones en los cauces, los conos de deyección, el borde costero y las áreas de expansión urbana. El riesgo era conocido. La falla fue institucional: se perdió la capacidad de actualizar el plan, aplicarlo y hacer que se cumpliera.
La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio de 1983 ofrece una base útil. Su figura de Autoridad Única de Área fue concebida para territorios complejos, con competencias concurrentes y cuantiosos recursos. En La Guaira, el plan debe actualizarse y convertirse en un instrumento vinculante que establezca zonas de exclusión, usos condicionados, reasentamientos, corredores de evacuación, obras de mitigación y requisitos para la aprobación de proyectos.
Ningún terreno debería certificarse únicamente por su capacidad portante. También debe demostrar seguridad multiamenaza, disponibilidad de agua, saneamiento, accesibilidad y capacidad de mantenimiento. Para ello se requieren topografía LiDAR, microzonificación sísmica, estudios geotécnicos, modelación hidrológica e hidráulica, catastro y localización de las redes, todos reunidos en un repositorio público.
«El riesgo era conocido. La falla fue institucional.»
Reconstruir las instituciones y los servicios
Después de 1999, se crearon la Autoridad Única de Área del Estado Vargas y CORPOVARGAS, se elaboraron estudios y mapas, y se ejecutaron obras de control de torrentes, canalización y vialidad. Sin embargo, aquella capacidad no se transformó en una institucionalidad permanente. La Autoridad perdió capacidad, CORPOVARGAS fue liquidada y las funciones de mantenimiento, monitoreo, control de cauces y memoria técnica no fueron transferidas — quedaron huérfanas.
El peligro actual es repetir el mismo patrón con nuevos nombres: comisiones temporales, metas de construcción y contratos de emergencia, sin competencias claramente delimitadas ni una institución que permanezca cuando disminuya la atención política. La capacidad inmediata es necesaria, pero debe nacer de responsabilidades claras, controles, transparencia y una estrategia de sucesión —no de anuncios efectistas.
La ausencia, durante décadas, de información oficial confiable obliga a trabajar con estimaciones técnicas. Estas sugieren que, antes del terremoto, el sistema de agua potable de La Guaira operaba apenas al 40 % de una capacidad instalada cercana a 1.500 litros por segundo —unos 600 litros por segundo efectivos—, incluyendo los aportes del Acueducto de Caracas y de los ríos El Limón, Naiguatá y San Julián. El saneamiento presentaba una situación aún más crítica: prácticamente todas las aguas servidas se descargaban sin tratamiento en las playas o llegaban al mar a través de cauces y drenajes naturales. La reconstrucción no puede limitarse, por tanto, a reponer las instalaciones dañadas; debe recuperar la capacidad efectiva del servicio y corregir una emergencia sanitaria y ambiental que, durante años, precedió al terremoto.
Esto exige revisar el modelo lineal que recorre el frente costero y cuya vulnerabilidad permite que la falla de una tubería matriz, un colector o una estación de bombeo interrumpa el servicio en varios sectores. La alternativa no es fragmentar el sistema, sino hacerlo modular, redundante e interconectado, organizando cada cuenca o grupo de cuencas como una unidad funcional con fuentes, almacenamiento, tratamiento, redes y saneamiento propios. La planificación debe incorporar la población residente y flotante, los hoteles, las playas, el puerto y el aeropuerto; evaluar la desalación modular para atender picos de demanda, sequías y emergencias; y, en materia de saneamiento, comparar el sistema centralizado previsto en Punta Gorda —basado en grandes colectores, estaciones de bombeo y una instalación principal de tratamiento y disposición final— con alternativas por cuenca, tratamiento descentralizado y emisarios submarinos de menor diámetro, sujetos a estudios ambientales y oceanográficos rigurosos.
«La reconstrucción no puede limitarse a reponer las instalaciones dañadas; debe recuperar la capacidad efectiva del servicio.»
Medir para poder alertar
No se puede gestionar un territorio que no se mide. La reconstrucción debe restablecer las 16 estaciones hidroclimáticas e hidrométricas del litoral y restituir los cuatro sismógrafos instalados por FUNVISIS. Como las cuencas tienen tiempos de concentración de media hora a dos horas, la alerta temprana debe apoyarse en sensores automáticos, transmisión en tiempo real, umbrales definidos, sirenas, telefonía móvil, rutas señalizadas y protocolos comunitarios ensayados. Sin datos no pueden actualizarse los mapas, calibrarse los modelos ni activarse alertas confiables. Esta red es tan importante como una obra física.
«No se puede gestionar un territorio que no se mide.»
¿Qué debe hacerse ahora?
La respuesta no es paralizar la asistencia, sino corregir el orden de las decisiones. Deben continuar las reparaciones de emergencia, la vivienda temporal, los subsidios de alquiler, la recuperación de inmuebles seguros y el restablecimiento de los servicios. Lo que debe evitarse son decisiones irreversibles sobre nuevos urbanismos antes de contar con una conformidad territorial multiamenaza.
Primero, debe ejecutarse una Fase Cero territorial de 90 días que integre LiDAR, mapas sísmicos y torrenciales, catastro de daños, redes de servicios e inventario de terrenos, y que produzca un mapa provisional vinculante.
Segundo, debe crearse una Junta de Reconstrucción y Resiliencia con la participación del Gobierno nacional, la Gobernación, el municipio, los operadores, las universidades, las comunidades y la sociedad civil. La Junta aprobaría el marco territorial, la cartera única de proyectos, los criterios de reasentamiento y las reglas de transparencia, pero no debería ejecutar ni auditarse a sí misma.
Tercero, una Unidad Ejecutora Temporal por cinco años debe preparar y contratar proyectos, administrar recursos y supervisar la recuperación, con fechas de cierre y de transferencia obligatorias.
Finalmente, debe restablecerse una Autoridad Única de Área permanente, adscrita a la Gobernación y articulada con la Nación y el municipio. Sería responsable del plan de ordenamiento, de la conformidad de riesgo, de los mapas multiamenaza, de la base LiDAR, de la gestión de cuencas, del monitoreo, de la alerta temprana y de la memoria técnica.
«La respuesta no es paralizar la asistencia, sino corregir el orden de las decisiones.»
La regla debe ser incuestionable: ninguna vivienda sin terreno seguro y servicios; ninguna obra sin operador; ningún permiso sin conformidad de riesgo; ningún financiamiento sin mantenimiento; y ninguna institución temporal sin sucesión. El terremoto destruyó activos en cuestión de segundos. La improvisación puede reconstruir el riesgo durante décadas.
«El terremoto destruyó activos en cuestión de segundos. La improvisación puede reconstruir el riesgo durante décadas.»
