Los terremotos de Venezuela: cuando las pérdidas no tienen cobertura
Foto: Cordon Press
Cuando la tierra se mueve, lo primero que colapsa son las estructuras físicas. Lo segundo, menos visible e igualmente grave, es la capacidad de recuperarse de quienes sufrieron las pérdidas.
Luis Tineo
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Instagram: @tineo.luis
Los terremotos del 24 de junio encontraron a Venezuela con sus habitantes, viviendas, infraestructura y activos expuestos al riesgo sísmico, pero sin una arquitectura financiera suficiente para protegerlos. Esa combinación de alta exposición y baja protección no es una fatalidad: es el resultado de decisiones que se tomaron, o que no se tomaron, mucho antes del sismo.
Una política de protección financiera frente a los desastres naturales no actúa sobre los daños físicos, sino sobre sus consecuencias económicas y financieras. Su función es asegurar que existan recursos disponibles cuando el riesgo se materializa: definir quién asume las pérdidas, con qué instrumentos y a qué costo, antes de que ocurra el evento. Sin esa política, la respuesta al desastre depende de lo que queda disponible después, que es siempre menos, más caro y más lento.
La protección financiera no elimina el daño: evita que el daño físico se convierta en una crisis financiera.
Venezuela llegó al 24 de junio sin esa política. La cobertura de seguros era exigua: las primas representaron apenas el 0,9% del PIB en 2024, frente al 3,2% en promedio en América Latina y el 4,6% en Chile (Mapfre Economics, El Mercado Asegurador Latinoamericano, 2024). Las reservas fiscales resultaban insuficientes para un evento de esta envergadura, y los mecanismos de transferencia de riesgo a los mercados de capitales eran prácticamente inexistentes, en un contexto de severas restricciones de acceso al financiamiento externo. Y la información sobre las cuentas nacionales, presupuesto público, e indicadores de mercado de trabajo, necesaria para diseñar cualquier estrategia de reconstrucción, tampoco estaba disponible (Ronald Balza Guanipa, «Análisis de datos y estrategias post-desastre en Venezuela», Desafío Fénix Venezuela, 25 agosto de 2026).
El resultado previsible es que una parte importante de las pérdidas recaerá sobre las personas, familias, empresas y el propio Estado, precisamente cuando su capacidad para enfrentarlas está más mermada.
La distribución financiera del riesgo
La política moderna de gestión financiera del riesgo parte de una premisa sencilla: las pérdidas deben tener una fuente de financiamiento antes de que ocurra el desastre. Algunas pueden retenerse por quienes están expuestos; otras pueden transferirse mediante seguros, reaseguros u otros instrumentos financieros. La combinación óptima depende de la frecuencia y severidad de los eventos y de la capacidad de los distintos actores para absorber las pérdidas.
La protección financiera previa no solo garantiza recursos: los hace más baratos. Según un análisis del Banco Mundial, una combinación de reservas, reasignaciones presupuestarias y seguros puede reducir el costo de la respuesta en un 25% frente a esperar la ayuda humanitaria, y los seguros duplican la costo-efectividad de las reasignaciones de emergencia (Banco Mundial/GFDRR, Pay Now or Pay Later?, 2016).
Sin cobertura previa, el costo del desastre no desaparece: se traslada.
Sin cobertura previa, los recursos no llegan a tiempo: la reparación de viviendas e infraestructura se posterga, las actividades productivas permanecen paralizadas y las necesidades de financiamiento se acumulan cuando el Estado tiene menos capacidad para atenderlas. En 2024, las pérdidas económicas por catástrofes naturales en América Latina ascendieron a 11.600 millones de dólares, de los cuales apenas 1.500 millones estaban asegurados, menos de uno de cada ocho dólares perdidos (Swiss Re Institute, Natural Catastrophe Losses 2024, 2025). Ese déficit es aún mayor y difícil de cuantificar.
Volviendo a los terremotos del 24 de junio, estos dejaron 19.600 millones de dólares en daños físicos directos, de los cuales unos 9.300 millones (47%) corresponden a viviendas (Banco Mundial, GRADE: Terremotos de Venezuela, julio de 2026).
Cuando una vivienda no está asegurada, la pérdida recae sobre el propietario; cuando sus recursos no alcanzan, esa pérdida privada termina convirtiéndose en una carga sobre las finanzas públicas. Los daños a los hospitales, escuelas, carreteras y sistemas de agua siguen la misma lógica. En ausencia de cobertura, el costo del desastre no desaparece: se traslada.
Una parte de ese problema tiene raíces técnicas. Las viviendas públicas venezolanas se construyen con frecuencia con materiales que no cumplen las especificaciones para zonas sísmicas y sin inspección independiente que certifique la calidad de la obra. Por ello, las aseguradoras rehúsan la emisión de primas sobre estructuras cuya resistencia sísmica no puede verificarse. Una parte significativa del parque habitacional venezolano es, en la práctica, inasegurable.
Sin seguro, los afectados enfrentan simultáneamente la pérdida del bien, la interrupción de los ingresos y la necesidad de financiar la reparación. La única alternativa es recurrir a ahorros que en muchos casos no existen, a préstamos inaccesibles o a una ayuda pública que llega tarde y cubre poco. Lo que comenzó como un daño físico se convierte en una crisis financiera que, en los casos más vulnerables, hace imposible la recuperación.
El dinero que debía estar disponible con anterioridad
La preparación financiera frente a los desastres naturales exige combinar mecanismos según la magnitud y frecuencia de las pérdidas: reservas y fondos de contingencia para liquidez inmediata, financiamiento contingente para pérdidas mayores, y seguros o instrumentos de mercado para eventos extremos. Su ventaja es que las decisiones se toman antes del desastre, cuando aún es posible negociar condiciones y obtener cobertura a costo razonable. Buscar recursos después significa hacerlo cuando la demanda es mayor, la posición fiscal es más débil y los mercados descuentan el riesgo país con mayor dureza.
Entre estos instrumentos destacan los seguros paramétricos, que activan pagos automáticos al verificarse un parámetro físico predefinido, dígase la magnitud del sismo o el nivel de precipitación, sin necesidad de evaluar pérdidas individuales, poniendo recursos disponibles en días. La región del Caribe lo ha comprobado a través del Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), que desde 2007 ha desembolsado fondos a gobiernos miembros en los días posteriores a los desastres naturales. Venezuela, expuesta a riesgos comparables, nunca participó en mecanismos de este tipo.
México combina reservas fiscales, reaseguro soberano y bonos catastróficos para que el gobierno y las aseguradoras y reaseguradoras transfieran a los mercados de capitales el riesgo derivado de desastres naturales. En 2018, el país participó con Colombia, Chile y Perú en una emisión conjunta de 1.360 millones de dólares. Colombia adoptó en 2013 una estrategia nacional que articuló fondos de contingencia, líneas de crédito con el Banco Mundial y coberturas de reaseguro para activos públicos (Banco Mundial, Sovereign Disaster Risk Finance in Middle-Income Countries, 2018). Ambos países fundamentaron esas decisiones en modelación probabilística del riesgo.
En Venezuela no existe información pública comparable que permita caracterizar la exposición al riesgo ni estimar las pérdidas potenciales por tipo de amenaza. El riesgo sísmico, las inundaciones, las sequías y los derrumbes producen distribuciones de pérdidas distintas, y cada uno requiere instrumentos calibrados a su propia frecuencia e intensidad (Banco Mundial, Using Probabilistic Models to Appraise and Decide on Sovereign Disaster Risk Financing and Insurance, 2016). Sin esa base técnica, no es posible determinar qué proporción del riesgo retener, qué transferir al mercado y qué cubrir mediante financiamiento contingente.
Construir la protección financiera que faltó
Los terremotos del 24 de junio no crearon la vulnerabilidad financiera de Venezuela: la hicieron visible. La reconstrucción ofrece la oportunidad de corregir esa brecha, incorporando los riesgos sísmicos y climáticos como variables permanentes de la política fiscal y la planificación económica.
Los terremotos no crearon la vulnerabilidad financiera de Venezuela: la hicieron visible.
Esa tarea tiene además una dimensión institucional que no puede ignorarse. Venezuela contaba desde 2009 con una Ley de Gestión Integral de Riesgos que preveía exactamente los mecanismos que hoy urgen, y que permaneció sin reglamentar ni implementar durante 17 años (Abel Mejia Betancourt. «La Ley de Gestión Integral de Riesgos de Venezuela: balance de 17 años sin reglamentación», septiembre de 2026). Esa ausencia de institucionalidad ha incentivado a los agentes intermediarios de seguros a retener fondos destinados al pago de primas sin trasladarlos a las aseguradoras, dejando a los asegurados, incluyendo los activos del sector publico, sin protección real cuando ocurre el siniestro.
Sin supervisión efectiva y trazabilidad de los fondos, ampliar la cobertura de seguros enfrenta un obstáculo que va más allá de la penetración del mercado. La brecha financiera y la brecha institucional son dos caras del mismo problema.
La protección financiera no termina en el Estado ni en los mercados. En Venezuela, donde la cultura del seguro es prácticamente inexistente, la mayoría de las personas deja vivienda, bienes y fuentes de ingreso completamente expuestos. Ampliar esa cultura requiere que el seguro catastrófico sea accesible en términos reales. El microseguro catastrófico ha demostrado en la región que la protección puede llegar a quienes más la necesitan (IDB Invest, Microinsurance: The New Frontier for Financial Resilience in Latin America and the Caribbean, 2025), pero requiere regulación adecuada, supervisión efectiva y subsidios públicos focalizados.
Los esquemas de crédito para la reconstrucción post-desastre permiten que los afectados recuperen su vivienda y sus medios de vida sin caer en el sobreendeudamiento.
La protección financiera frente a los desastres naturales no puede ser un privilegio de los pocos que ya tienen acceso al sistema. Al Estado le corresponde construir la arquitectura que lo haga posible. De eso depende reducir el costo humano de los desastres y preservar la resiliencia del país la próxima vez que la tierra se mueva.
