Las primeras 48 horas: el terremoto encontró a un Estado que no estaba preparado

En un terremoto destructivo, las primeras 24 a 48 horas son decisivas. Cada minuto cuenta para localizar personas atrapadas, estabilizar estructuras, abrir accesos, movilizar maquinaria, desplegar equipos médicos y organizar la búsqueda entre los escombros. Después de ese período, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen rápidamente, aunque existen rescates extraordinarios varios días después.

Esa ventana crítica no puede improvisarse cuando el edificio ya cayó. Tiene que haber sido preparada antes.

Lo que vimos en La Guaira fue exactamente lo contrario.

La primera respuesta surgió desde abajo

Familiares, vecinos, voluntarios y organizaciones de la sociedad civil comenzaron espontáneamente a buscar desaparecidos y remover escombros con los medios que tenían a su alcance. Faltaban equipos pesados, herramientas especializadas y una organización visible que asignara sectores, estableciera prioridades y coordinara los recursos disponibles. Reuters documentó posteriormente que civiles debieron asumir un papel central en las labores iniciales de rescate y que la respuesta estuvo marcada por confusión, falta de equipos y dificultades de coordinación.

Los cuerpos de bomberos constituyeron una excepción importante. Bomberos profesionales y voluntarios participaron desde las primeras horas en operaciones de búsqueda, rescate y atención de emergencias, muchas veces trabajando en condiciones extremadamente difíciles. A ellos se fueron sumando brigadas nacionales, organizaciones humanitarias y, progresivamente, equipos especializados de búsqueda y rescate enviados desde numerosos países.

La solidaridad internacional fue extraordinaria. Equipos USAR, con herramientas técnicas, de corte, apuntalamiento y soporte vital para localizar y extraer personas atrapadas en estructuras colapsadas; personal médico, perros entrenados y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales comenzaron a ampliar una capacidad que había sido rápidamente desbordada. Cuatro días después del terremoto, equipos venezolanos y extranjeros todavía lograban rescates con vida. Esa cooperación salvó vidas y demostró el valor de los protocolos internacionales de búsqueda y rescate.

Pero también hizo visible una pregunta incómoda: ¿por qué una parte tan importante de la capacidad especializada tuvo que llegar desde afuera después de que el desastre ya había ocurrido?

Protección Civil debía llegar antes que la improvisación

Venezuela no es un país ajeno a los desastres. Tiene antecedentes sísmicos importantes, los terremotos de Caracas en 1967 y de Cariaco en 1997; sufrió el deslave de Vargas en 1999 y dispone desde hace décadas de legislación de Protección Civil y, desde 2009, de una Ley de Gestión Integral de Riesgos. El riesgo no era desconocido.

Por eso, la lentitud y desorganización observadas durante las primeras horas no pueden explicarse solamente por la magnitud del terremoto. Un gran desastre siempre desborda capacidades normales. Precisamente por eso existen los sistemas nacionales de protección civil: para disponer previamente de protocolos, cadenas de mando, inventarios de equipos, centros de operaciones, rutas de movilización, comunicaciones redundantes, convenios con maquinaria privada, hospitales de referencia, procedimientos para recibir ayuda internacional y equipos entrenados para trabajar juntos.

Con excepción de los cuerpos de bomberos y de unidades específicas que sí respondieron, la movilización del aparato gubernamental de Protección Civil fue notoriamente insuficiente y desorganizada frente a la escala del evento. La respuesta tuvo que organizarse mientras la emergencia ya estaba ocurriendo. Ese es el problema.

Un país preparado no comienza preguntándose, después del terremoto, quién tiene una retroexcavadora, dónde están los equipos de corte, quién autoriza el acceso a una zona, cómo se solicita ayuda internacional o qué institución debe coordinar a los voluntarios. Todo eso debe estar previamente definido, probado y actualizado.

Los protocolos que no existen se pagan con tiempo

La diferencia entre una respuesta organizada y una respuesta improvisada no es burocrática. Se mide en horas. Y en una búsqueda bajo escombros, las horas se miden en vidas.

Después de Vargas 1999, Venezuela tuvo más de un cuarto de siglo para aprender. Debió disponer de protocolos nacionales de búsqueda y rescate urbano, ejercicios periódicos, inventarios actualizados de maquinaria y equipos, acuerdos de movilización inmediata con Fuerza Armada, bomberos, gobernaciones, municipios, hospitales, empresas de servicios, universidades y sector privado, así como procedimientos estandarizados para integrar a equipos internacionales bajo una sola estructura de comando.

La experiencia internacional demuestra que esto es posible. Los países que responden mejor a grandes desastres no son necesariamente los que poseen más leyes. Son aquellos que convierten las leyes en rutinas, entrenamiento, responsabilidades y capacidades operativas. Los planes se practican antes de la catástrofe. Las comunicaciones se prueban. Los equipos se inventarían. Los funcionarios saben quién manda y qué hacer cuando falla la electricidad, se interrumpen las carreteras o colapsa un hospital.

En Venezuela existía legislación. Lo que faltó fue convertirla en capacidad real.

La sociedad respondió donde el Estado llegó tarde

Hay que reconocer el extraordinario valor de la respuesta ciudadana. Familias que buscaron familiares; vecinos que removieron escombros; médicos y enfermeras que atendieron en condiciones precarias; bomberos que ingresaron a estructuras inestables; voluntarios que organizaron agua, alimentos y transporte; organizaciones nacionales e internacionales que movilizaron recursos; y rescatistas extranjeros que llegaron a trabajar junto a equipos venezolanos.

Pero la solidaridad de la sociedad no debe convertirse en excusa para la ausencia del Estado.

La sociedad civil puede multiplicar la capacidad de respuesta. No puede sustituir permanentemente las funciones que corresponden a un sistema nacional de protección civil. La coordinación, la información, la logística, el acceso a maquinaria, la seguridad de los sitios, la priorización territorial y la conducción de la emergencia son responsabilidades públicas.

Cuando la primera respuesta depende excesivamente de la espontaneidad, se producen esfuerzos heroicos pero desiguales. Algunos lugares reciben ayuda y otros quedan aislados. Se duplican esfuerzos. Los voluntarios se exponen innecesariamente. La información sobre desaparecidos se fragmenta. Equipos internacionales pueden llegar sin una estructura nacional preparada para recibirlos y asignarlos.

La espontaneidad salva vidas. Pero la preparación salva muchas más.

El Estado Mayor fue una reacción; no una preparación

La creación, el mismo 24 de junio, de un Estado Mayor para la contingencia y la designación de una Autoridad Única para la Respuesta pueden entenderse como un intento de recuperar rápidamente una cadena de mando frente a una emergencia que ya había desbordado las capacidades existentes.

En ese sentido, concentrar temporalmente la coordinación era razonable. Pero hay una diferencia fundamental entre reaccionar después de que el sistema falla y haber construido previamente un sistema capaz de responder.

El Estado Mayor puede organizar la contingencia. No puede borrar el hecho de que durante las horas decisivas el país mostró carencias que debieron haber sido identificadas y corregidas mucho antes: falta de preparación operacional, debilidad logística, escaso entrenamiento conjunto, insuficiencia de equipos especializados y protocolos que no funcionaron con la velocidad necesaria.

La principal pregunta no debería ser quién actuó mejor o peor el 24 de junio. Debería ser otra: ¿qué hizo el Estado venezolano durante los veintisiete años posteriores a Vargas para garantizar que una catástrofe semejante no volviera a encontrar al país sin preparación suficiente?

La primera lección

El terremoto debe producir una revisión independiente, técnica y pública de las primeras 72 horas: qué organismos fueron activados, cuándo llegaron, qué equipos tenían, dónde fallaron las comunicaciones, cuánto demoró la maquinaria, cómo se integraron los bomberos y los equipos internacionales, qué hospitales mantuvieron operaciones y qué protocolos simplemente no existían o no funcionaron.

No se trata de buscar culpables administrativos después de la tragedia. Se trata de aprender antes del próximo desastre.

Un sistema de protección civil no existe porque una ley diga que existe. Existe cuando funciona durante la primera hora de una catástrofe.

La improvisación de las primeras horas puede explicarse por años de deterioro institucional. Lo que ya no puede justificarse es convertir esa improvisación en el modelo de gobernanza de la reconstrucción.

Abel Mejia Betancourt

17 de agosto de 2026