Los otros datos que importan en la gestión de riesgos.

Las emergencias humanitarias asociadas a catástrofes naturales no solo dejan destrucción. También ponen en evidencia aquello que debemos revisar, corregir y fortalecer para enfrentar mejor la próxima crisis.

Las emergencias humanitarias asociadas a catástrofes naturales por lo general dejan en evidencia situaciones que revisar y recomponer. Desde la atención a poblaciones afectadas y el reacondicionamiento de la infraestructura, hasta la revisión de planes que han podido haber fallado, así como el cambio de formas de instrumentar y evaluar políticas públicas, son algunas de las situaciones que salen a flote en los debates que, por demás normales, debemos afrontar y resolver con rapidez.

Es comprensible que atender lo emergente haga que muchas personas y organizaciones pierdan foco sobre lo estratégico. Es allí donde los especialistas en análisis de políticas debemos actuar como silenciosas brigadas rescatistas, recuperando rápidamente los componentes de la planificación y gestión de riesgos que siguen siendo valiosos y evidenciando aquellas otras partes que necesariamente debemos mejorar o cambiar por completo.

«Atender la emergencia no puede hacernos perder de vista aquello que debe cambiar para reducir los riesgos del futuro.»

¿Qué fue lo que sucedió y en qué contexto se dieron los hechos? ¿Cuál es el marco normativo que ha condicionado la actuación pública y privada al momento de los acontecimientos? ¿Nos hemos ceñido a un plan de actuación ajustado a la gestión de riesgos o hemos sido partícipes de una actuación espontánea de sujetos afectados y preocupados por atender la catástrofe? Estas son las preguntas que debemos responder para fortalecer las capacidades actuales y mitigar los riesgos ante futuras emergencias.

Para todos los casos, los datos son necesarios, incluyendo la sucinta revisión comparada que haremos referida a ciertos factores multiplicadores del riesgo. Si bien Venezuela experimenta un promedio anual de 1.200 terremotos —en su mayoría de baja intensidad—, se considera que está sometida a una complejidad de riesgos que acrecientan las posibles consecuencias de estos.

Los datos importan

Chile, Italia y Japón son países sometidos constantemente a tsunamis, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas y terremotos. Para sus poblaciones resulta habitual —aunque nunca deje de ser doloroso— afrontar cada año múltiples eventos críticos.

¿Quiere decir esto que Venezuela es un país con menos riesgos ante calamidades naturales? Si ampliamos la perspectiva, observaremos que los números son mucho más similares de lo que solemos imaginar.

Desde la tragedia de Pueblo Llano y Santo Domingo (2003), hasta las extensas inundaciones de Campo Elías, Chabasquén y Biscucuy (2026), los Andes venezolanos han sido abatidos por fenómenos hidroclimáticos con graves consecuencias. Grandes aluviones, desprendimientos de montañas completas, pérdidas humanas, destrucción de viviendas, infraestructura vial y cosechas forman parte de una realidad que, lamentablemente, se ha repetido prácticamente cada año durante el siglo XXI.

La dispersión poblacional muchas veces nos hace olvidar los datos y las noticias. Por el contrario, la alta concentración de habitantes en determinadas zonas hace que enfoquemos nuestra atención únicamente en las tragedias de mayor impacto mediático.

Así ocurrió con la llamada «Tragedia de Vargas». Mientras gran parte del país observaba con razón la devastación ocurrida en diciembre de 1999, extensos poblados turísticos y pesqueros, además de numerosas zonas agrícolas de Carabobo, Yaracuy y Falcón, permanecían bajo las aguas. Una superficie mucho mayor que el principal foco de atención quedó incomunicada durante semanas, con una emergencia sanitaria desatendida y decenas de miles de damnificados fuera del entonces estado Vargas.

«Los grandes desastres no solo revelan lo que ocurrió. También muestran aquello que durante años decidimos no mirar.»

Chile experimenta unos 8.200 terremotos al año (ocho veces más que Venezuela), muchos de ellos leves o muy leves. Italia registra más de 16.000 movimientos telúricos anuales, mientras que Japón deja constancia de unos impresionantes 50.000 terremotos cada año.

En estos países, tras cada deslave, inundación, erupción volcánica o terremoto, se revisan y ajustan los protocolos de actuación. La discusión pública, las deliberaciones parlamentarias y las decisiones institucionales mantienen siempre presentes los factores de riesgo y la planificación para futuras emergencias. La norma es de conocimiento público y, aun así, se revisa y actualiza constantemente.

Si en los Andes venezolanos experimentamos al menos tres catástrofes por año asociadas a deslaves e inundaciones durante la última década, ¿por qué cada nueva catástrofe es abordada como si fuera la primera en ocurrir?

Algo está sucediendo con la curva de aprendizaje socialmente institucionalizada. Ante cada evento permanece en la memoria colectiva el recuerdo del dolor y de la tragedia, pero no el aprendizaje necesario para fortalecer la gestión de riesgos y evitar repetir los mismos errores.

«Recordamos las tragedias. Lo que olvidamos es aprender de ellas.»

Aprender antes de la próxima emergencia

Los analistas de políticas públicas solemos estar atentos a la gestión de riesgos e impactos durante los procesos de revisión y formulación de políticas. Estos eventos permiten contrastar el escaso uso de la evaluación predictiva en algunas regiones con la permanente difusión y práctica de protocolos de actuación en otras partes del mundo.

Por ejemplo, el 80% de la población venezolana se asienta sobre zonas de alta o muy alta amenaza sísmica. Esto implica una enorme vulnerabilidad humana y hace indispensable que los protocolos de actuación sean conocidos, practicados y actualizados con la misma naturalidad con la que ocurre en países como Chile, Japón o Italia.

Años atrás, gracias a un convenio entre las universidades de Concepción (Chile), Kassel (Alemania) y Simón Bolívar (Venezuela), con el auspicio de la Agencia de Cooperación Alemana, tuve la oportunidad de vivir durante un tiempo en el sur de Chile para evaluar el impacto social y ambiental de las políticas agroalimentarias sobre el medio rural e indígena.

Durante esa estancia presencié un sismo de considerable intensidad. Sin embargo, mi mayor sorpresa no fue el movimiento telúrico en sí, sino comprobar que los simulacros periódicos realmente funcionaban.

Lo impresionante fue ver que aquello que se practicaba cada pocos meses se convertía, llegado el momento, en una respuesta completamente natural.

A los pocos segundos del sismo observé cómo conductores y peatones comenzaron a despejar las vías para facilitar una eventual atención de emergencia. No se trataba de una gran ciudad ni de una catástrofe de enormes dimensiones, sino de un pequeño poblado enfrentando un temblor de intensidad moderada.

Ante la duda, pregunté por qué existía semejante despliegue si aparentemente no había ocurrido una tragedia. La respuesta fue tan sencilla como poderosa.

«Jamás sabrás cuándo llegará la gran catástrofe para la que debes estar preparado.»

Aquellas palabras quedaron grabadas en mi memoria: “no sabemos si a una anciana le ha sobrevenido un paro cardíaco o si a un niño le ha caído un electrodoméstico en el pie y necesita atención urgente ante una posible fractura”.

Comprendí entonces que hay datos que realmente importan. No siempre son los que ocupan los grandes titulares ni los que aparecen primero en los informes. Son los datos de las pequeñas acciones, de los pequeños gestos cotidianos y de las respuestas coordinadas que ocurren lejos de los focos de atención.

Cuando una sociedad concede importancia a esas aparentes «insignificancias», construye capacidades institucionales que marcan la diferencia cuando ocurre una gran catástrofe. La gestión de riesgos no comienza cuando llega la emergencia; comienza mucho antes, en la preparación, en la práctica constante y en la capacidad colectiva de aprender.

Los datos que importan

Eso es, precisamente, la gestión de riesgos: asegurar la respuesta más oportuna ante las grandes catástrofes nacionales mediante la preparación permanente. Chile y Japón registran algunos de los índices de supervivencia más altos del mundo no porque sufran menos desastres, sino porque convierten cada experiencia en aprendizaje institucional.

No esperan a la siguiente tragedia para revisar protocolos, fortalecer capacidades o entrenar a su población. Lo hacen de forma continua, incorporando incluso las experiencias ocurridas en pequeños pueblos o durante eventos de menor magnitud.

«Las grandes capacidades institucionales se construyen prestando atención a las pequeñas acciones.»

Son esos aprendizajes cotidianos los que fortalecen la capacidad de respuesta de todo un país. Cada simulacro, cada protocolo revisado, cada vía despejada y cada ciudadano preparado forman parte de una misma política pública orientada a proteger vidas.

Al final, los datos que más importan no son únicamente los que cuantifican las pérdidas después de una catástrofe. También son aquellos que permiten anticiparla, reducir sus impactos y fortalecer la respuesta colectiva antes de que ocurra.

«Una sociedad resiliente no se construye cuando ocurre el desastre. Se construye mucho antes, aprendiendo de cada experiencia y convirtiendo ese aprendizaje en acción.»

En definitiva, los datos que importan son aquellos que fortalecen nuestra capacidad para proteger vidas. Son los datos de las pequeñas acciones, de los aprendizajes que permanecen y de las instituciones que transforman cada experiencia en una oportunidad para estar mejor preparados. Esa es la verdadera esencia de una política pública orientada a la gestión de riesgos.