Gestión del riesgo sísmico en Venezuela: Desafíos

Los terremotos ocurridos el 24 de junio constituyen un evento de relevancia para el análisis de la gestión del riesgo en Venezuela, no solo por sus consecuencias inmediatas, sino por las implicaciones estructurales que revelan.

Desde el enfoque de la gestión integral del riesgo de desastres, estos eventos permiten evaluar la relación entre amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta institucional.

Tal como plantea Maskrey (1993), los desastres no son exclusivamente naturales, sino el resultado de procesos sociales que incrementan la vulnerabilidad. En este sentido, el impacto observado en Venezuela no puede atribuirse únicamente a la actividad sísmica, sino también a la acumulación de debilidades en materia de prevención, planificación y gobernanza del riesgo.

«Los desastres no son exclusivamente naturales: también son el resultado de las condiciones de vulnerabilidad de una sociedad.»

Marco conceptual y políticas públicas

El enfoque contemporáneo de la gestión del riesgo, respaldado por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030 (UNDRR, 2015), establece que los Estados deben priorizar la prevención, la reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

En el caso venezolano, si bien existe un marco normativo que reconoce la importancia de la gestión del riesgo, su implementación presenta limitaciones significativas. De acuerdo con Lavell (2000), uno de los principales problemas en América Latina es la desconexión entre la formulación de políticas y su ejecución efectiva.

En particular, se identifican tres debilidades estructurales:

• Limitada cultura de prevención: evidenciada en la escasa preparación comunitaria ante eventos sísmicos.
• Débil control sobre el cumplimiento de normativas de construcción: especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.
• Fragmentación institucional: que dificulta la coordinación entre los organismos responsables de la gestión del riesgo.

Estas condiciones configuran un escenario donde el riesgo no es gestionado de manera integral, sino abordado principalmente de forma reactiva.

Análisis de la respuesta institucional

Fase inmediata

Durante las primeras horas posteriores al evento, se activaron los organismos de respuesta, incluyendo Protección Civil, bomberos y equipos voluntarios. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, esta fase evidenció limitaciones importantes en términos de capacidad operativa.

Se observaron fallas principalmente en:

• Coordinación interinstitucional.
• Disponibilidad de equipos especializados.
• Sistemas de comunicación.

Acceso a información en tiempo real

Según la CEPAL (2014), una respuesta efectiva depende de la existencia de sistemas previamente estructurados de comando, control y coordinación. La ausencia de estos elementos reduce significativamente la eficiencia de las operaciones de emergencia.

La capacidad de acceder a información confiable y compartirla en tiempo real resulta fundamental para establecer prioridades, asignar recursos y coordinar a los distintos actores involucrados en la respuesta.

Fase de corto plazo

En la etapa de atención a la población afectada predominó un enfoque asistencialista. Si bien se desplegaron esfuerzos para la distribución de alimentos, atención médica y refugio temporal, se evidenció la falta de estándares técnicos en la gestión de albergues.

Los refugios improvisados, sin condiciones adecuadas de saneamiento, seguridad y organización, reflejan la ausencia de planificación previa. De acuerdo con la Federación Internacional de la Cruz Roja, la gestión de refugios debe cumplir criterios mínimos que garanticen dignidad y sostenibilidad, lo cual no siempre se observa en estos contextos.

Fase de reconstrucción

La fase de reconstrucción representa uno de los mayores desafíos en la gestión del riesgo en Venezuela. Históricamente, los procesos de reconstrucción han tendido a reproducir las condiciones de vulnerabilidad preexistentes.

La ausencia de planificación territorial basada en análisis de riesgo, así como la débil supervisión técnica, contribuyen a consolidar lo que Lavell denomina el “Ciclo de la Vulnerabilidad”.

Esto implica que:

• Se reconstruye en zonas de alto riesgo.
• No se aplican criterios suficientes de resiliencia estructural.
• No se incorporan de manera sistemática las lecciones aprendidas.

En consecuencia, se incrementa la probabilidad de que futuros eventos generen impactos similares o incluso mayores.

«Reconstruir sin reducir la vulnerabilidad es reproducir el riesgo.»

Impactos socioeconómicos y territoriales

Los efectos de los terremotos trascienden la dimensión física, generando impactos multidimensionales que afectan la estructura social y económica de las comunidades.

Entre los principales impactos se encuentran:

• Pérdida de viviendas y medios de vida.
• Incremento de la pobreza y la desigualdad.
• Afectaciones psicológicas en la población.
• Interrupción de servicios básicos.

Según el Marco de Sendai (UNDRR, 2015), estos impactos deben ser abordados desde un enfoque integral que considere la interrelación entre desarrollo y riesgo.

Gobernanza del riesgo

El concepto de gobernanza del riesgo se refiere a la capacidad del Estado para articular actores, recursos y políticas orientadas a la reducción del riesgo de desastres. En el caso analizado, se evidencian debilidades significativas en este ámbito.

La limitada inversión en prevención, la falta de mecanismos de evaluación y la ausencia de rendición de cuentas afectan la efectividad de las políticas públicas. Asimismo, la politización de la gestión limita la toma de decisiones técnicas basadas en evidencia.

En este contexto, el desastre debe interpretarse no solo como un evento aislado, sino como una manifestación de fallas en el sistema de gobernanza del riesgo.

«La gestión del riesgo no depende únicamente de responder mejor, sino de gobernar mejor el riesgo antes de que ocurra el desastre.»

Propuestas de política pública

A partir del análisis realizado, se plantean las siguientes recomendaciones para avanzar hacia un modelo de gestión del riesgo más preventivo, coordinado y resiliente:

1. Fortalecer la institucionalidad en gestión del riesgo

Establecer una institucionalidad sólida, con asignación presupuestaria estable y suficiente, que permita desarrollar capacidades permanentes de prevención, preparación, respuesta y recuperación.

2. Implementar sistemas integrados de respuesta

Desarrollar sistemas de respuesta basados en estándares internacionales, como el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), que permitan establecer estructuras claras de coordinación, responsabilidades y toma de decisiones durante una emergencia.

3. Supervisar las infraestructuras críticas

Implementar mecanismos estrictos de evaluación y supervisión de hospitales, escuelas y edificaciones públicas, priorizando aquellas infraestructuras esenciales para la respuesta y recuperación ante emergencias.

4. Fortalecer la educación y capacitación comunitaria

Desarrollar programas permanentes de educación y capacitación orientados a la prevención y respuesta ante emergencias, de manera que las comunidades conozcan los riesgos de su territorio y sepan cómo actuar ante ellos.

5. Incorporar el análisis de riesgo en la planificación urbana

Integrar el análisis de riesgo en los procesos de planificación territorial y urbana, evitando la ocupación de zonas vulnerables y promoviendo criterios de seguridad y resiliencia en el desarrollo de nuevas infraestructuras.

6. Promover la transparencia y evaluación de políticas públicas

Establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas mediante indicadores verificables que permitan medir la efectividad de las políticas de gestión del riesgo y corregir sus deficiencias.

7. Incorporar tecnología y sistemas de monitoreo

Desarrollar sistemas tecnológicos de monitoreo e información que permitan mejorar la toma de decisiones en tiempo real y facilitar el intercambio de información entre los distintos organismos involucrados.

Conclusiones

Los terremotos del 24 de junio evidencian que el problema central en Venezuela no radica necesariamente en la ausencia de conocimiento técnico, sino en la debilidad de su aplicación. La gestión del riesgo continúa siendo abordada desde una lógica reactiva, en lugar de preventiva.

La reducción del riesgo de desastres requiere un enfoque estructural que integre planificación, inversión sostenida y fortalecimiento institucional. Como señala Maskrey (1993), los desastres son socialmente construidos; por tanto, su reducción depende de decisiones políticas y técnicas.

En este sentido, avanzar hacia un modelo de gestión del riesgo más efectivo implica no solo mejorar la capacidad de respuesta, sino también establecer sistemas que permitan superar las condiciones que generan vulnerabilidad.

En última instancia, la resiliencia de una sociedad se mide tanto por su capacidad de reaccionar ante una emergencia como por su capacidad de anticiparse a ella.

«La resiliencia de una sociedad no se mide solo por cómo responde al desastre, sino por cuánto fue capaz de anticiparse a él.»

Referencias

CEPAL. (2014). Manual para la evaluación de desastres. Visto el 25/08/26 en: www.cepal.org

Lavell, A. (2000). La gestión del riesgo en América Latina. Visto el 25/08/26 en: www.desastres.unanleon.ni

Maskrey, A. (1993). Los desastres no son naturales. Visto el 25/08/26 en: www.desenredando.org

UNDRR. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030. Visto el 25/08/26 en: www.undrr.org