Después del 24 de junio:una agenda para reconstruir sin repetir la vulnerabilidad.
El terremoto abrió una emergencia humanitaria, pero también una pregunta de fondo: ¿vamos a reponer lo que existía o a construir servicios e instituciones capaces de resistir la próxima crisis?
El doble terremoto del 24 de junio encontró a Venezuela en una situación que no puede ocultarse. No golpeó a un país con servicios públicos de calidad y un Estado competente. Golpeó redes eléctricas y de agua colapsadas, hospitales sin médicos ni insumos, sistemas de transporte deficientes, instituciones opacas que no rinden cuentas y comunidades que ya vivían con una fragilidad extrema.
Esa realidad obliga a plantear el debate con franqueza. La reconstrucción no puede consistir en levantar de nuevo lo que cayó ni en regresar al punto de partida. Sería también reconstruir las fallas que hicieron al país tan vulnerable.
«No basta con reconstruir lo que cayó. La reconstrucción debe corregir las vulnerabilidades que hicieron posible la catástrofe.»
El Banco Mundial estimó en US$19.600 millones los daños físicos directos causados por los terremotos. Es una cifra enorme, pero incompleta. No mide plenamente las horas sin electricidad, los hogares sin agua, los pacientes que no pudieron ser atendidos, los empleos perdidos, las empresas paralizadas ni la angustia de las familias que no saben si podrán volver a sus casas.
La pregunta no es únicamente cuánto costará reconstruir. La pregunta es: ¿qué país vamos a reconstruir con ese esfuerzo?
La decisión de fondo
Durante décadas, Venezuela confundió infraestructura con obras. Se inauguraron represas, carreteras, plantas, sistemas de transporte y programas de vivienda popular, pero se prestó mucha menos atención a lo que ocurre después de la inauguración: quién opera, quién mantiene, cuánto cuesta conservar, quién regula, quién responde cuando el servicio falla y cómo se renuevan los activos al llegar al final de su vida útil.
El resultado está a la vista. Una obra puede seguir en pie y, sin embargo, haber dejado de prestar el servicio para el que fue construida. Por eso la reconstrucción debe cambiar de enfoque. No se trata de contar kilómetros de tuberías, megavatios instalados o viviendas terminadas. Se trata de garantizar el acceso al agua segura, a la electricidad continua, a la movilidad, a la salud, a las comunicaciones y a la protección frente a nuevos desastres.
Ese cambio parece técnico, pero es profundamente político. Obliga a definir prioridades, transparentar costos, asignar responsabilidades y asegurar recursos para operar y mantener.
La Guaira ya había dado la advertencia
La historia de La Guaira debería impedirnos repetir errores. Después del desastre de 1999, se crearon instituciones especiales, se realizaron estudios, se aprobaron normas de ordenamiento y se construyeron obras de mitigación. Hubo conocimiento y hubo inversión.
Lo que no se consolidó fue una institucionalidad permanente capaz de conservar la memoria técnica, actualizar los mapas de riesgo, controlar la ocupación de zonas peligrosas, mantener las obras y rendir cuentas de los resultados. En menos de diez años, desapareció la cadena que debía convertir los estudios, las normas y las obras en una protección efectiva.
La lección es incómoda, pero clara: construir sin mantener, planificar sin hacer cumplir y crear organismos que desaparecen rápidamente no reducen el riesgo. Apenas lo aplaza.
«Construir sin mantener, planificar sin hacer cumplir y crear instituciones efímeras no reduce el riesgo; solo lo pospone.»
Una estrategia nacional, no dos reconstrucciones separadas
La emergencia sísmica exige rapidez y concentración en las zonas afectadas. Hay que atender a las familias, asegurar viviendas temporales dignas, recuperar hospitales, escuelas, agua, electricidad, vialidad y la actividad económica. Pero esa respuesta no debe convertirse en una reconstrucción aislada del resto del país.
Venezuela necesita una sola estrategia con dos frentes coordinados. El primero debe responder a la emergencia y reconstruir las zonas afectadas. El segundo debe recuperar los grandes sistemas nacionales que llevan años deteriorándose. Ambos frentes deben utilizar reglas comunes de contratación, evaluación, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
No se trata de escoger entre atender La Guaira y recuperar el sistema eléctrico nacional, entre reconstruir viviendas y rehabilitar acueductos, o entre actuar rápido y actuar bien. El desafío es hacer ambas cosas sin que la urgencia se convierta en improvisación ni que la reconstrucción nacional diluya las necesidades de quienes perdieron todo.
Cinco decisiones que no pueden esperar
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Una autoridad de reconstrucción con un mandato claro y una duración limitada.
Debe coordinar, no sustituir permanentemente, a los ministerios, las gobernaciones, los municipios y los operadores. Sus decisiones, contratos, avances y resultados deben ser públicos. -
Ninguna obra sin operador, presupuesto de mantenimiento y responsable identificado.
La reconstrucción no puede entregar activos que nadie pueda operar o conservar. Cada proyecto debe demostrar cómo prestará el servicio durante toda su vida útil. -
Una cartera única de proyectos, ordenada por impacto y urgencia.
Las prioridades no deben depender de anuncios, presiones políticas o capacidad de contratar. Deben responder al riesgo, a la población atendida, a la continuidad de los servicios y a la recuperación económica. -
El ordenamiento territorial debe tener consecuencias reales.
No toda vivienda debe reconstruirse en el mismo lugar. Reasentar puede ser necesario, pero debe hacerse con información, participación, compensación justa y acceso al empleo, al transporte y a los servicios. -
Transparencia desde el primer dólar.
Venezuela necesitará recursos nacionales, cooperación, donaciones, financiamiento multilateral e inversión privada. Sin trazabilidad, auditoría independiente y control ciudadano, no habrá suficiente confianza para movilizarlos.
La naturaleza también es infraestructura
En La Guaira, la seguridad de una vivienda, una carretera o una tubería también depende de lo que ocurre en las cuencas, las laderas, los cauces, los abanicos aluviales y el borde costero. En otras regiones del país, la seguridad hídrica, la generación hidroeléctrica, la agricultura y la protección frente a las inundaciones dependen también de los bosques, los manglares y las zonas de recarga de los acuíferos.
El ambiente no puede aparecer al final del proyecto como un trámite o una compensación. Debe formar parte del diseño desde el comienzo. La infraestructura gris y la infraestructura natural deben planificarse como un solo sistema.
«La infraestructura natural y la infraestructura construida deben planificarse como un único sistema de protección.»
El recurso más escaso será la confianza
El dinero será insuficiente. La capacidad técnica también. Pero el recurso más difícil de recuperar será la confianza.
«La confianza será el recurso más escaso de la reconstrucción.»
Las familias necesitan confiar en que las decisiones sobre vivienda y reasentamiento no serán arbitrarias. Los financiadores necesitan saber que los recursos podrán ser rastreados. Los operadores necesitan recibir instalaciones que puedan mantener. El sector privado necesita reglas previsibles. Y la sociedad necesita saber quién decide, con qué criterios y quién responde cuando algo sale mal.
La confianza no se recupera con discursos, videos efectistas ni inauguraciones. Se recupera cuando vuelve el agua, la electricidad funciona, los contratos se publican, las obras se mantienen y los responsables dan la cara.
La medida real de la reconstrucción
Venezuela no puede impedir que ocurran terremotos, inundaciones, sequías o crisis externas. Sí puede impedir que cada amenaza se convierta en una catástrofe mayor por falta de prevención, mantenimiento, ordenamiento territorial y capacidad institucional.
El país no estará reconstruido cuando haya sido posible reponer todos los edificios y carreteras dañados. Estará reconstruido cuando esos activos presten servicios confiables, puedan mantenerse, protejan a la población y resistan la próxima emergencia.
«El desafío no es volver al país del 23 de junio, sino construir uno capaz de proteger a su gente después del próximo impacto.»
El 24 de junio debe recordarse por las vidas perdidas y el dolor de miles de familias. Pero también puede marcar una decisión colectiva: dejar de reconstruir vulnerabilidades y comenzar a reconstruir servicios, instituciones, territorios y la confianza pública.
Ese es el debate que Venezuela necesita abrir ahora: no cómo volver al país que existía el 23 de junio, sino cómo construir uno capaz de proteger a su gente después del próximo impacto.
Abel Mejía Betancourt
29 de julio de 2026
