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Concertar esfuerzos y capacidades para reconstruir un territorio devastado por un desastre, como el sucedido recientemente en Venezuela, amerita conciliar y armonizar visiones sectoriales que eventualmente contraponen perspectivas, procesos y ritmos de abordar el problema.
Es aquí donde requerimos una visión intersectorial que integre capacidades dando dirección y sentido al apalancamiento estratégico de un cambio sostenido, siendo la educación uno de los agentes amalgamantes más eficientes en estos casos.
Samuel Scarpato
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Hemos visto el llamado del ministerio con competencia en educación universitaria y de los gremios que agrupan a profesionales de la ingeniería y la arquitectura, a hacer propuestas de solución en torno, precisamente, a aspectos de ingeniería de suelos, de materiales, de técnicas constructivas y de remoción y aprovechamientos de escombros.
A pesar del emergente y prioritario propósito de la convocatoria, queremos hacer notar desde el análisis de políticas públicas, la necesidad de ampliar la cooperación entre sectores en apariencia poco relacionados o que su participación pudiese considerarse contraintuitiva.
En esta entrega haremos una aproximación a la instrumentación de la interdisciplinariedad para dar con soluciones sencillas desde sectores que muchos consideran poco relacionados con la atención de catástrofes y la gestión de riesgos.
Para ello haremos un recorrido que explica la pérdida de perspectiva de integración en los últimos cuarenta años, junto a ejemplos que pudiesen darnos pistas de cómo retomar el diálogo intersectorial para enfrentar problemas complejos.
«La necesidad de ampliar la cooperación entre sectores en apariencia poco relacionados o que su participación pudiese considerarse contraintuitiva».
Los apremios de la comisión de currículo ante el viraje regional de 1980 – 1999
La educación en Venezuela y gran parte de Latinoamérica sufrió una implosión curricular desde mediados de la década de 1980, que extendería por unos quince años la tecnificación y “poda curricular” con énfasis en la desaparición de la transdisciplinariedad y el pensamiento crítico en las aulas de miles de escuelas y no pocas universidades.
Entre 1987 y 1988, por ejemplo, desapareció “Formación social, moral y cívica”, una materia obligatoria en el programa de los primeros dos años del bachillerato, dedicada acercarnos a comprender las formas de gobierno, la organización del Estado y a la participación política.
La tesis que defendía las bondades de resaltar nuestras ventajas comparativas nos llevó a la hiper especialización y una mayor dependencia.
En pocos años, muchas carreras universitarias habían dejado atrás las asignaturas de pensamiento crítico; la filosofía, la sociología, estudios del subdesarrollo, la historia, entre otras, comenzaron a desaparecer en muchas facultades de derecho, economía, administración, contaduría y otras carreras afines a la formación de gerentes públicos y privados.
Estas materias pasaron a ser electivas y, en muchos casos, desaparecieron.
«La tesis que defendía las bondades de resaltar nuestras ventajas comparativas nos llevó a la hiper especialización y una mayor dependencia».
A la llegada del siglo XXI, los jóvenes gerentes de departamentos, directores de organismos y tomadores de decisiones tácticas estaban perdiendo o ya habían perdido el uso de herramientas teóricas asociadas al pensamiento complejo.
Sabemos que esta no es la principal causa de los problemas sociopolíticos, económicos y culturales que se experimentaron en las subsiguientes décadas de deconstrucción de la sociedad venezolana, sin embargo, se han arrastrado errores que debemos atendedor, especialmente en el sector educación.
Haciendo foco en las palancas del desarrollo
Ante los acelerados cambios curriculares, con la sustitución de aproximadamente el 40% de los contenidos considerados inadecuados y la inclusión de nuevas tendencias globales, algunos estudiantes universitarios discutíamos sobre la posible inconveniencia que esto traería para Venezuela en el mediano y largo plazo.
Rafael Duin, un destacado estudiante de Contaduría Pública para la época alertaba sobre la ineficiente inclusión de la asignatura de informática en muchas de nuestras carreras (administración, contaduría y economía).
“¿Por qué en vez de hacernos estudiar informática, que se desactualiza con frecuencia, más bien se informatizan con herramientas tecnológicas algunas aulas y así todos vemos nuestras materias prácticas con el uso simultaneo de la tecnología?, ¿no es esto más eficiente?”, nos decía Rafael hace treinta años, con evidente adelanto.
Por mi parte, busqué la incorporación de la variable ambiental en carreras y facultades no ambientales, porque era en la formación de futuros gerentes y directores, donde más se requería el manejo temprano de la evaluación de impactos.
Esto me llevó a recibir la Orden José Félix Ribas en el área conservacionista (teatro Teresa Carreño, febrero 1996), lo cual se transformó en un compromiso volcado a la investigación aplicada al desarrollo sustentable.
Percibíamos en ese momento que, a pesar de estudiar algunas nuevas tendencias, estábamos de espalda al desarrollo local.
Eso me llevó a comparar modelos de actualización curricular y a presentar la investigación como trabajo de grado.
Como dijimos, la pauta de actualización se basaba en las tendencias internacionales y en las necesidades del mercado; “los pájaros detrás de las escopetas”, decían nuestras abuelas.
«Percibíamos en ese momento que, a pesar de estudiar algunas nuevas tendencias, estábamos de espalda al desarrollo local».
Sugerí reordenar los patrones de actualización, partiendo por la caracterización ecográfica de cada región del país para resaltar sus potencialidades y vulnerabilidades, continuando con las condiciones socioculturales que nos permitiesen aprovechar de manera más sustentable la geografía.
Finalmente se contrastaba todo con las necesidades de mercado y se proponía la actualización curricular más acorde con el apalancamiento del desarrollo local.
La seguridad alimentaria como caso comparado
Dos décadas más tarde, en mi tesis doctoral en análisis de políticas para instrumentar cambios a favor de la seguridad alimentaria, se empleó la educación y el extensionismo rural como catalizador del desarrollo local.
Tuve la fortuna de contar con la asesoría de expertos, como el doctor Marino González en el modelo y análisis de políticas.
Luego de hacer iteraciones entre diversos factores ubicados del lado de la oferta y del lado de la demanda alimentaria, se demostró que la formación es el factor que puede recorrer y acompañar todo el circuito a manera de impulsor del resto de los componentes, especialmente aquellos que tienden a bloquearse en los embudos de entrada y de salida del sistema agroalimentario.
«La formación es el factor que puede recorrer y acompañar todo el circuito a manera de impulsor del resto de los componentes».
Por muchos años, se creía que la tenencia de la tierra y el acceso al crédito agrícola eran los factores más determinantes para el desarrollo del sector.
Recorrí cientos de unidades de producción en Suramérica, especialmente en Venezuela, donde se demostró que el otorgamiento de títulos de tierra y la asignación de recursos no resolvió el problema de la baja productividad, los nocivos impactos ambientales y la inseguridad alimentaria.
Una oportunidad para Venezuela y Latinoamérica
Dentro de la lista de recomendaciones en la tesis doctoral, se propuso el sistema de cuotas formativas en las salidas ocupacionales de carreras y facultades no agrícolas.
En otras palabras, para dirigir y apalancar el desarrollo local desde la educación, sea para atender el abastecimiento y la seguridad alimentaria, o la gestión de riesgos y la reconstrucción de zonas vulneradas por un desastre, se requiere el concurso interdisciplinario de profesionales que parecieran no tener que ver con el problema público a atender.
Se trata asegurar una cuota no menor al quince por ciento de las cohortes de tesistas, extensionistas, servidores comunitarios, trabajos de ascenso, intercambios y prácticas profesionales de carreras ajenas al sector que circunscribe directamente el problema.
Por ejemplo, si estamos tratando el problema alimentario o la gestión de riesgos, la lógica y la especialización indican que sean las carreras ingenieriles las que traten la situación, sin embargo, la realidad es más compleja y distinta.
«Se requiere el concurso interdisciplinario de profesionales que parecieran no tener que ver con el problema público a atender».
Nuestro modelo, por demás contraintuitivo, sugiere que sean abogados, administradores, matemáticos, economistas, politólogos o artistas, quienes deben abocarse a estudiar y solventar problemas de secuencias logísticas, de análisis de mercados, de participación ciudadana, organización administrativa, modelos de contratos o actualización de normas municipales, entre otros ejemplos que bien pueden maximizar la eficiencia del impacto local de aquel llamado, indicado al inicio del artículo, hecho a los ingenieros y arquitectos para atender la emergencia humana y urbanística en la zona de desastre.
Todas las profesiones deben apersonarse de manera formal, permanente y consistente, en función de materializar soluciones más integrales y sustentables en torno a un problema común abordado desde la transdisciplinariedad del análisis de políticas públicas.
«Todas las profesiones deben apersonarse de manera formal, permanente y consistente, en función de materializar soluciones más integrales y sustentables en torno a un problema común abordado desde la transdisciplinariedad del análisis de políticas públicas».
