Imagen: Pexels
PDNA, presupuesto y endeudamiento 2027
El 15 de septiembre de 2026, Venezolana de Televisión anunció la recepción de la Evaluación de Necesidades Post Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés) en los siguientes términos: “la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al sistema de Naciones Unidas por la entrega del informe del plan de recuperación posterremoto. Destacó que el trabajo conjunto se desarrolló durante dos meses con la participación de todas las agencias de la ONU, el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, además de los gabinetes del Gobierno nacional”.
Según el titular de la nota, el “Informe PDNA será brújula para la reconstrucción y desarrollo del país”. Al día siguiente, el PNUD publicó una nota anunciando que, según resultados del PDNA, el equipo “estimó daños y pérdidas por US$ 14.831 millones en efectos en los siete estados afectados por el doble terremoto del 24 de junio en el país. Las necesidades de recuperación se estiman en hasta US$ 21.000 millones, monto que incluye las medidas para reconstruir mejor, asegurar la resiliencia y reducir las condiciones de riesgo”.
Ronald Balza Guanipa
X: @RonaldBalzaG
Las estimaciones del PDNA y las necesidades de financiamiento
El informe no ha sido publicado, por lo que se desconoce el grado de cumplimiento de las recomendaciones metodológicas hechas para todos los PDNA por los organismos internacionales.
Las cifras agregadas publicadas por el PNUD no aparecen distribuidas en el tiempo, aunque puede suponerse que así fueron calculadas.
Al menos eso hicieron explícitamente el Banco Mundial, el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) y el Gobierno de Japón el 13 de julio de 2026, cuando en su Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) Report Venezuela Earthquakes – June 24, 2026, recomendaron un “paquete de respuesta fiscal” que requeriría de deuda externa no concesional adicional por US$9.8 millardos.
De este monto, US$500 millones se dedicarían a transferencias a los hogares afectados durante 2026 y 2027 y el resto a inversión pública, esperando una respuesta de inversión privada adicional por el orden de US$9.6 millardos en cinco años.
“Paquete de respuesta fiscal” que requeriría de deuda externa no concesional adicional por US$9.8 millardos.
Este paquete requeriría aumentar el déficit fiscal en 3,7% y 2,8% del PIB en 2026 y 2027, respectivamente, y un incremento de la razón deuda/PIB en 8,1% para 2036, sobre un monto pre-terremoto (no publicado).
De no hacerlo, inversión, PIB y consumo no alcanzarían el nivel pre-terremoto antes de una década, y la razón deuda/PIB aumentaría 3,6% en 2036, sobre el monto pre-terremoto (no publicado).
El GRADE no desagregó el gasto calculado a nivel local, aunque sí lo hizo con respecto al total de daños directos en activos físicos sufridos en doce estados de Venezuela, estimado en US$19.6 millardos, de los cuales el 47% corresponderían a edificios residenciales, el 26% a no residenciales y el 27% a infraestructura.
El oro venezolano y su posible utilización
El 21 de octubre de 2026, las Delegaciones del Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015 publicaron un Comunicado reiterando “la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra (Oro Venezolano)…, recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y la recuperación de los servicios públicos”.
Sobre estos recursos y su destino, ambas Delegaciones habían declarado el 12 de agosto de 2026 que se aplicarían mecanismos de “transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente”.
Sin embargo, el 27 de octubre en un acto público, Rodríguez afirmó que “Yo recientemente recibí a la representante de la Asamblea del 2015 y al presidente del Parlamento venezolano y le dije: está bien el diálogo político, está bien la convivencia política, está bien las garantías políticas para todos… Pero yo le dije: hay algo más allá. Hay algo más allá que la mesa de diálogo debe llevar: es solucionar los problemas de la gente. ¿Dónde está el oro de Inglaterra? Que nos regresen el oro de Inglaterra para el salario de los trabajadores, para el sistema eléctrico, para los hospitales. A eso es a lo que yo me refiero, que el entendimiento político debe traducirse en la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”.
“¿Dónde está el oro de Inglaterra? Que nos regresen el oro de Inglaterra para el salario de los trabajadores, para el sistema eléctrico, para los hospitales”.
Con un precio de US$ 4.050 por onza, el valor de las 31 toneladas de oro en cuestión rondaría un monto de US$ 4.036 millones.
La cifra no alcanza los US$9.800 millones de endeudamiento no concesional estimado para el GRADE ni los US$ 21.000 millones en necesidades de recuperación calculados para el PDNA.
Además, siendo activos de reserva, las toneladas de oro deberían utilizarse para reducir pasivos con multilaterales que permitan nuevo financiamiento, y no para gasto público. Menos aún para gasto corriente, como el que supone el pago de salarios.
La urgencia del presupuesto y el endeudamiento de 2027
La urgencia de publicar los Proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento Anual de 2027, con su Marco Plurianual, no puede ser exagerada.
El Artículo 40 del Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración financiera del sector público establece que el Proyecto de Ley de Presupuesto debe ser “acompañado de una exposición de motivos que, dentro del contexto de la Ley del Marco Plurianual del Presupuesto,… exprese los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones adicionales relativas a la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y fuentes financieras y para la determinación de las autorizaciones para gastos y aplicaciones financieras, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno”.
El artículo 82 requiere que el Proyecto de Ley de Endeudamiento Anual informe “los ingresos fiscales previstos para el año, las exigencias del servicio de la deuda existente, el producto interno bruto, el ingreso de exportaciones y aquellos índices macroeconómicos elaborados por el Banco Central de Venezuela u otros organismos especializados, que permitan medir la capacidad económica del país para atender las obligaciones de la deuda pública”.
Ambos artículos establecen que el Ejecutivo debió presentar ambos Proyectos a la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre de 2026.
“La urgencia de publicar los Proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento Anual de 2027, con su Marco Plurianual, no puede ser exagerada”.
Transparencia y rendición de cuentas en la reconstrucción
El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (MPPEF) y el Banco Central de Venezuela (BCV) firmaron su Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027, publicado el 26 de octubre de 2026, reconociendo lo dispuesto en los artículos 152 a 155 del mismo Decreto.
También es indispensable que den cumplimiento al Artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
Enfrentar los efectos del terremoto sin descuidar todos los problemas previos al desastre requiere “transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente” de todos los recursos públicos ordinarios y extraordinarios del país, incluyendo ingresos petroleros, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y otros impuestos y tributos recibidos y estimados, y no sólo de los activos de Venezuela retenidos en el exterior.
“Enfrentar los efectos del terremoto sin descuidar todos los problemas previos al desastre requiere transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de todos los recursos públicos ordinarios y extraordinarios del país”.