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Reconstruir Venezuela sin reconstruir su vulnerabilidad

Reconstruir Venezuela sin reconstruir su vulnerabilidad

Juan Carlos Sánchez

Instagram: @juancarlossanchez685

Foto: EFE

El doble terremoto del 24 de junio de 2026 no solo destruyó viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras. También golpeó una sociedad que ya se encontraba en una situación de extrema fragilidad económica y social.

El Grupo Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los sismos, con una afectación particularmente importante de las edificaciones residenciales y de las infraestructuras.

La magnitud de la destrucción obliga a plantear una pregunta que va mucho más allá de cómo reconstruir lo perdido: ¿queremos reconstruir la Venezuela que existía antes del terremoto o utilizar la reconstrucción para hacerla menos vulnerable a los riesgos que vendrán?

La diferencia no es semántica. Es una cuestión de supervivencia.

«La reconstrucción no debería devolver a Venezuela al punto donde estaba el 23 de junio. Debería llevarla a una situación mucho más segura.»


El terremoto como multiplicador de la vulnerabilidad climática

El cambio climático no provoca terremotos, pero sí puede hacer que una sociedad golpeada por un desastre sísmico sea mucho más vulnerable a los fenómenos climáticos posteriores.

Una familia que pierde su vivienda, sus ahorros, sus herramientas de trabajo o su empleo dispone de menos recursos para protegerse frente a una inundación, una sequía, una ola de calor o una tormenta. Una comunidad que pierde escuelas, centros de salud, sistemas de agua o vías de comunicación dispone de menor capacidad para responder a una emergencia climática.

El terremoto, por tanto, puede convertirse en un multiplicador de la vulnerabilidad climática.

Esto ya está dejando de ser una hipótesis. Las lluvias intensas registradas en agosto han afectado incluso a familias que permanecían en refugios temporales después del terremoto; algunas carpas instaladas para los damnificados fueron alcanzadas por inundaciones.

Al mismo tiempo, Venezuela enfrenta una situación particularmente delicada ante el fenómeno de El Niño, con cortes eléctricos y problemas de abastecimiento de agua que pueden agravarse por la sequía. La reconstrucción no puede ignorar esta realidad.


La pobreza también es una forma de vulnerabilidad

Los desastres no afectan a todos por igual. Una familia con ingresos suficientes puede reparar el techo, comprar agua durante una interrupción del servicio, trasladarse temporalmente a un lugar seguro o sustituir un electrodoméstico destruido. Una familia empobrecida no tiene ninguna de esas opciones.

El terremoto ha agravado una pobreza que ya era elevada. Reuters, citando la evaluación del Banco Mundial, señala que más del 76 % de la población venezolana vivía en situación de pobreza antes del desastre y que cerca de 18.000 personas quedaron sin hogar como consecuencia de los sismos.

Esto genera un círculo perverso:

«El desastre produce pobreza y la pobreza aumenta la exposición y reduce la capacidad de respuesta frente al próximo desastre.»

Por eso, una política de reconstrucción que se limite a levantar edificios estaría incompleta. Hay que reconstruir también las capacidades económicas de las familias: empleo, ingresos, acceso a crédito, educación y protección social.


Reconstruir servicios públicos pensando en el clima que viene

Los servicios públicos deben ser reconstruidos pensando en las condiciones climáticas que vienen. El agua, la electricidad, el saneamiento, la salud, las comunicaciones y el transporte constituyen la primera línea de defensa de una sociedad frente al cambio climático.

Una red de agua dañada por el terremoto no debe ser simplemente reparada: debe ser diseñada para resistir sequías más prolongadas, lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos.

La red eléctrica tampoco debería depender exclusivamente de infraestructuras vulnerables a la disponibilidad hídrica. La experiencia reciente de Venezuela, con una enorme dependencia de la hidroelectricidad y graves deficiencias de generación térmica, demuestra los riesgos de un sistema energético poco diversificado.

La reconstrucción debería incorporar generación solar distribuida, almacenamiento eléctrico y microredes en hospitales, escuelas, sistemas de agua y otros servicios esenciales.

No se trata únicamente de una política energética: es una política de adaptación climática.

Hospitales y escuelas resilientes

Lo mismo debe hacerse con hospitales y escuelas. Las edificaciones reconstruidas deben cumplir rigurosamente las normas sismorresistentes y, al mismo tiempo, incorporar criterios de protección frente al calor extremo, inundaciones, disponibilidad de agua y continuidad operacional.

La situación educativa después del terremoto muestra la magnitud del desafío: cientos de escuelas resultaron afectadas y miles de estudiantes enfrentan interrupciones de clases.


Reconstruir también significa proteger al sector productivo

Las empresas también tienen que cambiar. La reconstrucción del sector productivo no puede consistir simplemente en reponer máquinas y volver a producir como antes.

Cada empresa debería evaluar sus riesgos climáticos y físicos: disponibilidad futura de agua, interrupciones eléctricas, inundaciones, temperaturas extremas, deslizamientos, interrupciones de carreteras y cadenas de suministro.

Las inversiones de reconstrucción deberían priorizar instalaciones resistentes, eficiencia energética, reutilización de agua, generación renovable y planes de continuidad empresarial.

Esto es especialmente importante en una economía donde muchas empresas pequeñas y medianas carecen de reservas financieras para absorber un nuevo desastre. El Estado, los bancos y los organismos internacionales deberían crear líneas de crédito y garantías específicamente orientadas a inversiones de resiliencia.


Reconstruir mejor no significa necesariamente reconstruir más caro

Existe una objeción habitual: Venezuela necesita reconstruir rápidamente y no puede permitirse estándares excesivamente costosos. Este argumento, sin embargo, confunde el costo de prevenir con el costo de repetir.

Una carretera que vuelve a construirse en una zona expuesta a inundaciones sin modificar su diseño puede convertirse nuevamente en un activo perdido. Un hospital reconstruido sin garantizar agua y electricidad durante una emergencia climática puede quedar inutilizado precisamente cuando más se necesita.

Las viviendas levantadas en una quebrada o en una ladera inestable pueden transformar la próxima lluvia extrema en una nueva tragedia.

Por ello, cada proyecto de reconstrucción debería superar condiciones obligatorias de riesgo sísmico y climático antes de recibir financiamiento público.

«El costo de prevenir siempre debe compararse con el costo de volver a perderlo todo.»


Revisar dónde y cómo reconstruimos

También es indispensable revisar el ordenamiento territorial. No todo lo que estaba construido antes del terremoto debe reconstruirse exactamente en el mismo lugar.

En algunos casos será necesario reubicar viviendas y equipamientos situados en zonas de alto riesgo. Esto exige compensaciones justas, participación comunitaria y alternativas habitacionales dignas, no simples desalojos.

La reconstrucción debe servir para corregir condiciones de riesgo acumuladas durante décadas, incluso cuando hacerlo implique tomar decisiones difíciles sobre dónde y cómo volver a construir.


Una oportunidad para reconstruir de otra manera

Esta es una oportunidad que Venezuela no debería desperdiciar. El terremoto ha destruido una enorme cantidad de capital físico, pero también ha creado una oportunidad excepcional para corregir errores acumulados durante décadas.

La reconstrucción debería apoyarse en cinco principios fundamentales:

  • Reducir la pobreza.
  • Reconstruir con estándares sísmicos y climáticos superiores.
  • Modernizar los servicios públicos.
  • Diversificar la matriz energética.
  • Recuperar las capacidades institucionales de gestión del riesgo.

Todo ello requiere transparencia. Los recursos destinados a la reconstrucción deben ser auditables, con prioridades públicas, licitaciones transparentes y mecanismos de participación ciudadana.

La reconstrucción no puede convertirse en una nueva fuente de corrupción o clientelismo.


Una inversión para no volver al pasado

Venezuela tendrá que movilizar recursos nacionales e internacionales enormes. El Banco Mundial estima que, incluyendo la reconstrucción y las mejoras estructurales necesarias, preliminarmente el costo podría alcanzar hasta unos 50.000 millones de dólares.

Una inversión de esa magnitud no debería utilizarse para regresar al pasado.

El terremoto de junio dejó una Venezuela más pobre, con menos viviendas, infraestructuras debilitadas y servicios públicos sometidos a una presión extraordinaria. El cambio climático, mientras tanto, seguirá aumentando determinados riesgos de sequía, calor extremo, lluvias intensas, inundaciones y otros eventos.

Reconstruir exactamente lo que existía sería, en buena medida, reconstruir la vulnerabilidad que produjo las condiciones para el próximo desastre.

«Reconstruir mejor es dejar atrás las condiciones que hicieron posible la vulnerabilidad.»


La reconstrucción como una política de resiliencia

La verdadera reconstrucción debería aspirar a algo mucho más ambicioso: que una familia pobre sea menos vulnerable que antes, que un hospital pueda seguir funcionando durante una emergencia, que una ciudad pueda mantener el agua y la electricidad bajo condiciones climáticas adversas y que una empresa pueda sobrevivir a una interrupción prolongada.

El terremoto no fue causado por el cambio climático. Pero la manera en que Venezuela decida reconstruirse determinará cuánto sufrirá cuando el clima vuelva a ponerla a prueba.

La reconstrucción no debería devolver a Venezuela al punto donde estaba el 23 de junio. Debería llevarla a una situación mucho más segura, resiliente y preparada para el futuro.

«El terremoto no fue causado por el cambio climático. Pero la forma de reconstruir determinará cuánto sufrirá Venezuela cuando el clima vuelva a ponerla a prueba.»

Juan Carlos Sánchez
Juan Carlos Sánchez
Ingeniero Industrial y Dr. en Ciencias Ambientales del Institut National des Sciences Appliquées de Francia. Consultor ambiental de empresas industriales e instituciones y Profesor (jubilado) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Fue Autor Líder del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, ganador del Premio Nobel de la Paz 2007. Miembro del Grupo Orinoco.

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