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¡La Guaira, una emergencia sanitaria! —la opacidad también es un riesgo de salud pública
El PDNA ofrece una oportunidad para reconstruir el suministro de agua potable y el saneamiento en La Guaira. Aprovecharla exige pasar del inventario de daños a la prestación del servicio, abrir la información y reconsiderar la arquitectura hidráulica heredada del siglo pasado.
Abel Mejía Betancourt
X: @abel_mejia
Instagram: @abel.consultant
El terremoto del 24 de junio dejó en La Guaira mucho más que un inventario de viviendas, tuberías y hospitales dañados. Produjo —o, más exactamente, agravó— una emergencia sanitaria.
Un hospital puede permanecer físicamente en pie y dejar de funcionar por falta de agua, electricidad, acceso o saneamiento. Una comunidad puede conservar sus viviendas y aun así quedar expuesta a enfermedades porque el suministro de agua se interrumpe, se deteriora su calidad o fallan los sistemas de recolección de aguas servidas.
En una emergencia de esta naturaleza, el agua, el saneamiento, la electricidad, la salud, el territorio y la información forman un único sistema.
En ese contexto, la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre —PDNA— debe convertirse en uno de los instrumentos más útiles para orientar la recuperación.
Pero sería un grave error pedirle lo que no es. El PDNA es un punto de partida; no es el plan de reconstrucción de La Guaira.
Su utilidad dependerá de que se utilice para formular mejores preguntas, completar la información faltante y revisar críticamente el sistema previo al terremoto, en lugar de transformar rápidamente un inventario de daños en una lista de obras por contratar.
«El PDNA es un punto de partida; no es el plan de reconstrucción de La Guaira.»
1. El PDNA encontró algo fundamental: los daños existían antes del terremoto
El PDNA cumple una función indispensable: identificar daños, pérdidas y necesidades; separar lo destruido por el desastre de lo que ya estaba deteriorado; y estimar el orden de magnitud de los recursos necesarios para la recuperación.
El ejercicio nacional presentado el 15 de septiembre estima daños y pérdidas de aproximadamente US$14.831 millones en las entidades afectadas, así como necesidades de recuperación y reconstrucción de hasta US$21.000 millones. Agua, saneamiento e higiene —WASH— constituyen uno de sus componentes sectoriales.
Para La Guaira, su hallazgo más importante quizá no sea cuánto se dañó, sino cómo funcionaba realmente el servicio antes de que ocurriera el terremoto.
El material de trabajo disponible muestra una enorme diferencia entre la cobertura física y el servicio efectivo. Aproximadamente 85–88% de las viviendas de la franja urbana tenían conexión a la red, pero menos del 15% disfrutaba de un servicio continuo; entre el 65% y el 75% estaban sometidas a racionamientos severos y otro 10–15% carecían de conexión a la red; todas dependían de pozos, cisternas, quebradas, manantiales o tomas artesanales.
Todas de potabilidad dudosa y, por ello, la llamada —agua de boca— se compra embotellada de una empresa sin regulación sanitaria alguna.
En la mayoría de las zonas, los ciclos de abastecimiento en red oscilaban entre 15 y 21 días.
Estas cifras todavía requieren validación definitiva con el fascículo WASH y sus anexos, cuando sean publicados; sin embargo, revelan una realidad que no debe ocultarse entre los porcentajes de daño: el terremoto no creó la crisis del agua; golpeó un sistema dañado que ya prestaba un servicio profundamente deficiente.
Esta diferencia es decisiva. La condición del 23 de junio sirve como línea de base para determinar el daño causado por el terremoto. No puede convertirse automáticamente en la meta de la reconstrucción.
Volver a producir el mismo caudal, reparar las mismas tuberías y restablecer las mismas conexiones significaría simplemente regresar a un sistema en el que tres cuartas partes de la población recibían ocasionalmente agua de mala calidad.
El PDNA debe ayudarnos, por tanto, a cambiar la pregunta. No solamente: ¿Cuánto cuesta reparar lo que se dañó? Sino: ¿Qué sistema de agua potable y saneamiento necesita La Guaira para prestar un servicio seguro, continuo, financieramente sostenible y capaz de resistir el próximo terremoto, deslave, crecida o falla de una aducción?
«¿Qué sistema de agua potable y saneamiento necesita La Guaira para prestar un servicio seguro, continuo, financieramente sostenible y capaz de resistir el próximo terremoto, deslave, crecida o falla de una aducción?»
2. “Reconstruir mejor” no significa solamente reconstruir mejores tuberías
Aquí se presenta una de las principales limitaciones que debemos resolver antes de convertir las estimaciones del PDNA en una cartera de inversiones.
Una inspección posterior al terremoto puede determinar si una tubería está rota, si una estación ha perdido equipos o si una estructura presenta fisuras.
Es mucho más difícil reconstruir retrospectivamente en qué condiciones operaba ese activo antes del sismo: cuánto caudal transportaba realmente, con qué presión, cuántas horas al día funcionaba, qué porcentaje de su capacidad estaba disponible, cuánto perdía, cuál era su mantenimiento acumulado y cuánto de su deterioro era anterior al desastre.
La información extraoficial disponible indica que el PDNA intentó resolver esta dificultad combinando los catastros desactualizados de Hidrocapital y MinAguas con evaluaciones WASH, encuestas, recorridos de campo y monitoreos puntuales.
También trata de distinguir, metodológicamente, entre el deterioro previo, el daño sísmico y las mejoras de resiliencia. Pero el propio trabajo reconoce que la línea base debe validarse por parroquia y subsistema, y que se necesita un inventario georreferenciado que identifique, activo por activo, su condición previa, el daño sufrido y la mejora propuesta.
Estas tareas no son burocracia. Determina qué estamos realmente reconstruyendo.
Tampoco conviene confundir las estimaciones de costos de planificación con los precios de mercado. El material disponible utiliza baremos y matrices internacionales estandarizados para la reposición y la rehabilitación, ajustados según los criterios de Build Back Better.
Son herramientas legítimas para una primera estimación de órdenes de magnitud, pero no equivalen a precios derivados de diseños definitivos ni a los de licitaciones competitivas en Venezuela.
Por lo tanto, los US$210–240 millones preliminares que figuran en documentos de trabajo para la recuperación resiliente resultan insuficientes para comprometer recursos de inversión.
Posteriormente, con una visión sistémica, deben transformarse en proyectos preparados, con alternativas, diseños, CAPEX (inversiones de capital), OPEX (gastos operativos) y precios validados mediante licitaciones competitivas.
Y aquí existe un riesgo conceptual aún mayor. Build Back Better no puede significar simplemente sustituir una tubería vieja por otra de mejor material, utilizar juntas flexibles, reforzar una estructura y volver a colocarla aproximadamente en el mismo corredor.
No debemos sustituir un inventario de activos dañados por otro inventario de activos mejor construidos.
«No debemos sustituir un inventario de activos dañados por otro inventario de activos mejor construidos.»
Si la tubería vuelve a atravesar una ladera altamente inestable; si continúa faltando almacenamiento; si el sistema sigue dependiendo de pocos corredores vulnerables; si nadie financia el mantenimiento; o si las aguas servidas continúan gestionándose mediante infraestructura expuesta a los mismos riesgos, habremos mejorado algunos componentes aislados y reconstruido la misma vulnerabilidad.
3. La opacidad también enferma
La segunda gran lección es menos convencional: la información también forma parte de la infraestructura sanitaria.
En una emergencia, necesitamos saber diariamente qué sistema está en funcionamiento, qué caudal se registra, dónde hay contaminación, qué comunidades permanecen sin servicio, qué hospitales disponen de suministro continuo, qué colectores están operativos, qué playas reciben descargas, cuántas personas dependen de cisternas y cuál es la calidad microbiológica del agua que reciben.
Sin estos datos no puede gestionarse racionalmente la salud pública. Tampoco pueden actuar adecuadamente los hospitales, las comunidades, los organismos humanitarios, los financiadores ni quienes deben decidir dónde concentrar los recursos.
Las entradas del blog de Desafío Fénix sobre La Guaira lo resumen en una idea contundente: la información no debilita al Estado, sino que permite que funcione.
«Sin estos datos no puede gestionarse racionalmente la salud pública.»
En Venezuela se ha instalado una perniciosa cultura en la que la información negativa se percibe como un problema político.
En una emergencia sanitaria ocurre exactamente lo contrario. Informar que una fuente está contaminada permite proteger a la población. Publicar que una estación opera a la mitad de su capacidad permite movilizar equipos. Reconocer que una comunidad depende de camiones cisterna permite calcular correctamente la respuesta.
Podemos hablar metafóricamente de una “omertà” informativa, refiriéndonos a una cultura de opacidad, complicidad e intimidación colectiva.
Lo importante es el efecto: datos que no se publican, diagnósticos que no pueden ser revisados, responsabilidades sin rendición de cuentas y decisiones que no quedan documentadas.
La solución debe ser exactamente la contraria: abrir la información a la verificación.
«La solución debe ser exactamente la contraria: abrir la información a la verificación.»
Agencias internacionales como el PNUD deben asegurar que los fascículos sectoriales, anexos, metodologías, bases de cálculo, inventarios de daños, mapas, análisis de la calidad del agua, contratos y avances estén disponibles en una plataforma pública.
Universidades, academias, sociedades profesionales y expertos con experiencia reconocida deben revisar y validar los diagnósticos y las alternativas. El periodismo independiente debe tener acceso regular a la información y a los responsables técnicos.
No se trata de gobernar por asamblea ni de permitir que cada especialista vote sobre una decisión. Se trata de algo mucho más sencillo: la ingeniería que no puede ser revisada pierde una de sus principales defensas contra el error.
La reconstrucción necesita, por ello, un tablero (dashboard) público: continuidad y presión del agua, calidad, producción por fuente, población abastecida por cisternas, funcionamiento del saneamiento, estado de las plantas y los colectores, contaminación costera, obras contratadas, costos, cronogramas y responsables.
Aún no existe un informe técnico validado por profesionales independientes; solo hay informes agregados y fotografías de reuniones.
4. El PDNA no debe ser una oportunidad perdida, debe convertirse en el comienzo de una reconstrucción sostenible
El riesgo de oportunidad perdida surge si el PDNA pasa directamente de la evaluación de daños a la licitación de obras.
Antes, debería convertirse en un Marco de Recuperación de APyS de La Guaira, de cinco años, que sea consultado públicamente.
Los documentos de trabajo ya identifican los componentes esenciales: congelar una línea base técnicamente defendible; crear un inventario georreferenciado único; preparar balances hidráulicos; transformar las estimaciones agregadas en una cartera priorizada; identificar CAPEX y OPEX; definir, desde el diseño, quién operará cada inversión; y medir el resultado mediante indicadores de servicio, no solo por obras ejecutadas.
Pero hay que añadir territorio. La reconstrucción del agua de La Guaira no puede diseñarse independientemente de sus cuencas, laderas, quebradas, abanicos aluviales, urbanización y borde costero. El sistema territorial relevante comienza en la divisoria de aguas de la Cordillera de la Costa y termina en el mar.
Por ello, el PDNA debería alimentar un proceso más amplio: ordenamiento territorial y urbano → concepto del sistema futuro → cartera de proyectos → licitación y ejecución.
«Por ello, el PDNA debería alimentar un proceso más amplio: ordenamiento territorial y urbano → concepto del sistema futuro → cartera de proyectos → licitación y ejecución.»
La secuencia importa. Una necesidad de reconstrucción no demuestra que la localización anterior siga siendo aceptable.
Los documentos de gobernanza y política pública preparados para La Guaira como parte del Desafío Fénix lo formulan con claridad: el PDNA debe examinar qué alternativas territoriales y ambientales son aceptables; el ordenamiento convierte esas decisiones en reglas sobre dónde reconstruir y en qué condiciones.
5. La oportunidad más importante: reconsiderar el sistema hidráulico-sanitario del siglo XXI, no reconstruir el del siglo XX
Finalmente, el PDNA debe cuestionar una premisa que hasta ahora no ha recibido atención: ¿es la arquitectura tradicional del agua y el saneamiento en La Guaira la más apropiada para las próximas décadas?
Gran parte del sistema heredado depende de conducciones lineales de considerable longitud a lo largo de la costa, algunas de ellas instaladas en laderas abruptas e inestables. Los documentos identifican expresamente esta exposición, así como problemas de corrosión, de intermitencia y de almacenamiento insuficiente.
Antes de reproducir la configuración del siglo pasado, deben estudiarse alternativas a escala de cuenca–ciudad–costa.
«Antes de reproducir la configuración del siglo pasado, deben estudiarse alternativas a escala de cuenca–ciudad–costa.»
Para el abastecimiento, ello supone evaluar conjuntamente las fuentes superficiales de cada cuenca, los recursos subterráneos, el trasvase desde Caracas, el almacenamiento local, las posibilidades de interconexión y redundancia y, cuando resulte económicamente y ambientalmente justificable, la desalación modular.
Las plantas desaladoras podrían estudiarse no necesariamente como fuente básica permanente, sino como reserva estratégica o como capacidad para absorber picos estacionales, turísticos o de emergencia. Su conveniencia dependerá del costo energético, de la operación, de la disposición de la salmuera, de la confiabilidad y de la comparación con otras alternativas.
También necesitamos un equilibrio real en la demanda de agua potable. No basta con multiplicar la población residente por una dotación histórica.
La Guaira tiene turismo, playas, puerto, aeropuerto, actividad comercial y fuertes fluctuaciones estacionales. La demanda futura debe incorporar la población permanente, la población flotante, los picos turísticos, los hospitales, los usos económicos, las pérdidas del sistema y los escenarios de emergencia.
El análisis pendiente, como parte del PDNA, debe evaluar la población, la demanda, la estacionalidad, las pérdidas, el caudal firme y la capacidad efectiva de tratamiento como variables aún necesarias.
El saneamiento merece una revisión aún más profunda. En lugar de depender exclusivamente de largos colectores costeros vulnerables, debería estudiarse una configuración más descentralizada: áreas de tratamiento de escala apropiada, reutilización donde sea viable y descargas marinas mediante emisarios submarinos de pequeño diámetro, después del tratamiento mecánico requerido y cuando estudios oceanográficos, sanitarios y ambientales demuestren su aceptabilidad.
Un emisario debe considerarse un componente del sistema de disposición final.
El objetivo no debe ser imponer, desde ahora, desaladoras, plantas descentralizadas o determinados emisarios. Es precisamente lo contrario: abrir las alternativas antes de gastar cientos de millones en replicar una única solución heredada.
Por ello, la oportunidad que ofrece el PDNA es enorme. Puede convertirse en el documento que simplemente cuantifique el costo de reemplazar la infraestructura dañada. O puede iniciar algo mucho más trascendente y sostenible: el tránsito hacia un sistema de agua potable y saneamiento pensado desde el servicio, la salud pública, el territorio, la resiliencia y el ciclo de vida completo de sus activos.
La Guaira no necesita únicamente mejores tuberías.
«La Guaira no necesita únicamente mejores tuberías.»
Necesita agua segura, saneamiento efectivo, información verificable, instituciones responsables y un sistema capaz de seguir funcionando cuando llegue el próximo terremoto, la próxima crecida o el próximo deslave.
Y allí está, finalmente, el vínculo entre transparencia y salud pública: no saber también es una vulnerabilidad. La opacidad no solo destruye la confianza. En una emergencia sanitaria, puede impedir prevenir una enfermedad, corregir una falla o proteger una vida.
