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La Guaira después del terremoto: cuando la emergencia se convierte en abandono

Imagen: Residencias Caribe, noviembre 2026, via Contrapunto.com

La permanencia de familias en refugios improvisados, la búsqueda de desaparecidos y la disminución de la ayuda humanitaria revelan cuan insuficiente ha sido la respuesta pública a la catástrofe. Se necesita más asistencia inmediata, justicia para las víctimas y reconstrucción integral.

Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026 dejaron en La Guaira una devastación que va mucho más allá de los edificios derrumbados. Meses después, mientras la remoción de escombros continúa en algunas zonas, miles de personas intentan recuperar una normalidad que todavía se ve muy lejana.

Las informaciones publicadas por medios internacionales y agencias de noticias muestran una realidad preocupante: el desastre ha dado paso a una prolongada emergencia humanitaria, agravada por la precariedad de los servicios, la incertidumbre de las familias y las dificultades para obtener respuestas oficiales.

Un reportaje de CNN del 24 de octubre da cuenta de personas que llevan más de cien días viviendo en una tienda de campaña, cerca del lugar donde desaparecieron uno o más familiares. Informa también de personas que continúan buscando respuestas mientras deben afrontar el calor, el agotamiento y la incertidumbre.

CNN recogió, además, denuncias sobre deficiencias en los procedimientos de identificación de cadáveres y dificultades para conocer el paradero de personas desaparecidas.

Estas circunstancias plantean una obligación elemental para las autoridades: garantizar a las víctimas información verificable, procedimientos forenses rigurosos y acompañamiento jurídico y psicológico.

No basta con anunciar cifras de fallecidos ni declarar concluidas determinadas operaciones. Cada persona desaparecida tiene una familia que necesita respuestas, y cada identificación equivocada o investigación insuficiente prolonga innecesariamente el sufrimiento.

La transparencia no es un lujo administrativo; es una condición indispensable para restablecer la confianza pública.

«Cada persona desaparecida tiene una familia que necesita respuestas».

Las necesidades materiales son igualmente urgentes. En agosto, la agencia EFE informó que organizaciones humanitarias advertían sobre la disminución de la ayuda internacional, pese a que persistían las carencias de agua potable, alimentos, productos de higiene y suministros médicos.

Muchas familias permanecían en refugios sin condiciones adecuadas para preparar y conservar sus alimentos. El calor y las dificultades de acceso al agua incrementaban los riesgos de deshidratación y otros problemas de salud.

La reducción de la ayuda cuando las necesidades siguen siendo elevadas pone de manifiesto un problema recurrente en las grandes catástrofes: la atención pública y la solidaridad internacional suelen concentrarse en las primeras semanas, mientras que la recuperación de las familias requiere meses o años.

La emergencia deja entonces de ocupar titulares, pero continúa presente en la vida cotidiana de quienes perdieron su casa, sus pertenencias, sus fuentes de ingreso o a sus seres queridos.

«La emergencia deja entonces de ocupar titulares, pero continúa presente en la vida cotidiana de quienes perdieron su casa, sus pertenencias, sus fuentes de ingreso o a sus seres queridos».

La solidaridad de vecinos, voluntarios y organizaciones sociales ha sido fundamental. Sin embargo, no puede sustituir indefinidamente las responsabilidades del Estado ni convertirse en el principal mecanismo de supervivencia de las comunidades afectadas.

La ayuda humanitaria debe responder a una evaluación pública y periódicamente actualizada de las necesidades, con prioridades claras, distribución equitativa y mecanismos que permitan verificar que los recursos llegan efectivamente a sus destinatarios.


La Guaira no puede seguir esperando

La tragedia de La Guaira exige mucho más que declaraciones de solidaridad, promesas de reconstrucción o visitas oficiales. Exige decisiones, recursos y resultados verificables.

Cada día que una familia permanece en una tienda de campaña, cada servicio básico que no se restablece y cada familiar que continúa buscando respuestas constituye un recordatorio de una responsabilidad pública que no puede postergarse indefinidamente.

«La tragedia de La Guaira exige mucho más que declaraciones de solidaridad, promesas de reconstrucción o visitas oficiales. Exige decisiones, recursos y resultados verificables».

Es hora de pasar de las promesas a los compromisos. Las autoridades venezolanas deben presentar públicamente un plan integral de recuperación y reconstrucción, con un diagnóstico actualizado de los daños, un registro transparente de los damnificados, un presupuesto identificable, un cronograma de ejecución y responsables institucionales claramente definidos.

La comunidad internacional, los organismos multilaterales y los países que han ofrecido asistencia no deberían limitarse a movilizar recursos, también deben establecer mecanismos independientes para supervisar su utilización.

Las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones humanitarias y las propias comunidades deben tener un espacio efectivo en las decisiones y en el seguimiento de los resultados.

Este esfuerzo debe comenzar por lo esencial: garantizar alojamiento digno y seguro a todas las familias que lo necesitan; restablecer el acceso al agua potable, el saneamiento, la electricidad y la atención sanitaria; asegurar la asistencia a las personas más vulnerables; y ofrecer respuestas rigurosas y oportunas a quienes buscan a sus seres queridos.

Ninguna familia debería tener que mendigar información, depender indefinidamente de la caridad o resolver por sus propios medios necesidades que corresponden a una respuesta pública organizada.

«Ninguna familia debería tener que mendigar información, depender indefinidamente de la caridad o resolver por sus propios medios necesidades que corresponden a una respuesta pública organizada».

Por ello, es necesario exigir que los balances oficiales de necesidades, recursos comprometidos y resultados alcanzados sean verificables, y que se actualicen periódicamente.

A la fecha de esta publicación, la Coalición de Respuesta ante Terremotos en Venezuela (VERC) informa que la última cifra nacional consolidada de fallecidos, de 6.509, es del 24 de agosto y en cuanto a las personas desaparecidas, continua sin existir un registro nacional consolidado y actualizado.

La transparencia no debe ser una concesión de las autoridades, sino una obligación frente a las víctimas y a todos los ciudadanos que contribuyan a financiar la recuperación.

La sociedad venezolana tampoco puede permitir que La Guaira desaparezca de la agenda pública cuando desaparezca de los titulares.

Es preciso mantener la atención de los medios, vigilar el cumplimiento de los compromisos, respaldar a las organizaciones que acompañan a los damnificados y reclamar que la reconstrucción sea una prioridad nacional, no una promesa relegada por otras urgencias políticas.

«La sociedad venezolana tampoco puede permitir que La Guaira desaparezca de la agenda pública cuando desaparezca de los titulares».

El momento de actuar es ahora. Cada día de demora prolonga el sufrimiento y encarece la recuperación.

La medida del éxito no será cuántas veces se anuncie la reconstrucción, sino cuántas familias recuperen efectivamente un hogar digno, cuántas comunidades restablezcan sus servicios y cuántas víctimas obtengan respuestas.

Venezuela tiene una deuda con La Guaira. Saldarla requiere voluntad política, responsabilidad institucional y vigilancia ciudadana sostenida. Los damnificados ya han esperado demasiado.

«Venezuela tiene una deuda con La Guaira. Saldarla requiere voluntad política, responsabilidad institucional y vigilancia ciudadana sostenida. Los damnificados ya han esperado demasiado».


Referencias

Juan Carlos Sánchez
Juan Carlos Sánchez
Ingeniero Industrial y Dr. en Ciencias Ambientales del Institut National des Sciences Appliquées de Francia. Consultor ambiental de empresas industriales e instituciones y Profesor (jubilado) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Fue Autor Líder del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, ganador del Premio Nobel de la Paz 2007. Miembro del Grupo Orinoco.