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Un pueblo junto al río
El pueblo había crecido junto al río durante generaciones. Al principio, las viviendas ocupaban los terrenos más altos, donde las familias podían cultivar y desplazarse con relativa facilidad. Con los años llegaron nuevos habitantes, aparecieron comercios y se comenzaron a construir escuelas y centros de salud. El crecimiento trajo oportunidades, mejoró las condiciones de vida de muchas familias y transformó progresivamente el territorio.
A medida que aumentaba la población, algunas familias comenzaron a instalarse en terrenos próximos al cauce. Una nueva carretera facilitó la expansión del pueblo y los servicios públicos se extendieron hacia zonas que antes permanecían desocupadas. Nadie imaginaba que aquellas decisiones estuvieran contribuyendo a configurar condiciones de riesgo. Las familias buscaban un lugar donde vivir, los comerciantes nuevas oportunidades y las autoridades intentaban responder a las necesidades de una población creciente. Sin embargo, no todos tenían las mismas posibilidades de elegir. Para muchas familias, establecerse cerca del río respondía más a sus circunstancias económicas y sociales que a una verdadera elección. Así, mientras el pueblo crecía y prosperaba, también cambiaba silenciosamente su relación con el río.
«Mientras el pueblo crecía y prosperaba, también cambiaba silenciosamente su relación con el río».
El río siempre había estado allí
Los habitantes más antiguos recordaban otras crecidas. Algunas habían inundado los terrenos bajos, aunque hacía años que no ocurría una especialmente importante. El río podía desbordarse durante episodios de lluvias intensas. Esa era la amenaza, un fenómeno potencialmente peligroso que formaba parte de las condiciones del territorio. Lo que había cambiado era el pueblo. Terrenos que antes permanecían desocupados ahora albergaban viviendas, negocios e infraestructura. Había aumentado la exposición, es decir, la presencia de personas y bienes en lugares que podían verse afectados por una inundación.
También importaban las condiciones en que vivían sus habitantes. Algunas viviendas habían sido construidas con criterios técnicos de seguridad frente a inundaciones, mientras otras tenían materiales precarios y carecían de mantenimiento adecuado. Había personas mayores con dificultades para desplazarse, familias sin ahorros y hogares cuyos ingresos dependían de poder trabajar cada día. Estas diferencias reflejaban distintas condiciones de vulnerabilidad. Mientras la exposición indicaba quiénes y qué bienes se encontraban en lugares potencialmente afectados, la vulnerabilidad expresaba las condiciones que podían aumentar los daños o dificultar la capacidad de afrontar sus consecuencias. Dos familias podían vivir en la misma zona inundable y, sin embargo, sufrir consecuencias muy diferentes.
El pueblo también contaba con capacidades. Algunos vecinos conocían rutas seguras, la escuela había organizado simulacros y existían redes de apoyo comunitario. Estos recursos ayudaban a prepararse, responder y recuperarse. Pero una familia podía saber que su vivienda estaba en una zona inundable y carecer de los medios para trasladarse o reforzarla.
«Conocer el peligro no significaba necesariamente disponer de los medios para protegerse».
Conocer el peligro no significaba necesariamente disponer de los medios para protegerse. El río y su cuenca también podían cambiar. Las transformaciones del uso del suelo, la pérdida de cobertura vegetal y los efectos del cambio climático podían modificar las características de las inundaciones. Como señala el IPCC (2022), las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad pueden evolucionar simultáneamente.
De la interacción entre estas condiciones, considerando también las capacidades existentes, surgía el riesgo de desastre: la posibilidad de sufrir pérdidas humanas, daños materiales, interrupciones de servicios y otras consecuencias adversas (Naciones Unidas, 2016).
El río siempre había estado allí. Pero el riesgo que enfrentaba el pueblo había cambiado.
La noche de la tormenta
La lluvia comenzó por la tarde. Al principio parecía una tormenta más, pero durante la noche aumentó su intensidad. El río se desbordó, inundó viviendas, arrastró vehículos y dañó el puente principal. El centro de salud perdió electricidad y varias familias tuvieron que abandonar sus casas. Los daños no quedaron limitados a los lugares inundados. La interrupción del puente dificultó el acceso de los equipos de emergencia, mientras que la falta de electricidad afectó las comunicaciones y los servicios de salud. Algunos comercios cerraron y numerosas familias perdieron temporalmente sus ingresos.
Aquella noche quedaron al descubierto las dependencias que sostenían la vida cotidiana del pueblo. Cuando una infraestructura fallaba, las consecuencias se extendían mucho más allá del lugar donde se había producido el daño inicial.
Los vecinos fueron los primeros en actuar. Unos ayudaron a evacuar a personas mayores y otros trasladaron niños hacia terrenos altos. Los servicios de emergencia llegaron poco después, mientras las autoridades organizaban refugios y trataban de restablecer las comunicaciones.
La inundación había interrumpido gravemente el funcionamiento de la comunidad y superado su capacidad para afrontar las consecuencias con los recursos disponibles. El pueblo estaba viviendo un desastre.
Al día siguiente, los titulares hablaban de un desastre natural. Pero ¿qué había tenido de natural el desastre? La lluvia era una amenaza natural. La crecida del río también podía serlo. Sin embargo, la magnitud de las consecuencias dependía, entre otros factores, de dónde se habían construido las viviendas, sus condiciones de seguridad, el mantenimiento de las infraestructuras, los sistemas de alerta y la preparación de las instituciones y las personas. Las amenazas naturales pueden desencadenar desastres, pero no determinan por sí solas sus consecuencias.
«Las amenazas naturales pueden desencadenar desastres, pero no determinan por sí solas sus consecuencias».
Por eso, hablar de desastres naturales no es una simple cuestión terminológica. Esa expresión puede transmitir la idea de que las pérdidas son inevitables e invisibilizar las decisiones y omisiones que contribuyen a configurar las condiciones de riesgo.
Cuando la solidaridad no es suficiente
Durante los primeros días, la solidaridad fue extraordinaria. Los vecinos compartieron alimentos, ofrecieron alojamiento y ayudaron a retirar escombros. Llegaron equipos de rescate, organizaciones sociales y asistencia de distintas instituciones. Aquella solidaridad también reveló sus límites. Los voluntarios podían distribuir alimentos, pero no reconstruir las infraestructuras dañadas. Las organizaciones comunitarias conocían las necesidades de las familias, aunque no tenían autoridad para decidir dónde construir nuevas viviendas ni garantizar la seguridad de los servicios públicos.
La cooperación internacional aportaba recursos, asistencia técnica y conocimientos especializados, colaborando con instituciones y comunidades según sus mandatos. Ese apoyo, al igual que la participación comunitaria, no sustituía las responsabilidades de las autoridades públicas.
La reducción del riesgo es una responsabilidad compartida, pero no todos los actores tienen las mismas obligaciones ni la misma capacidad de decisión. Las comunidades aportan conocimiento y participan en las decisiones que afectan su seguridad. Las instituciones públicas tienen responsabilidades de planificación, regulación, inversión y supervisión. El sector privado, las universidades y las organizaciones sociales también desempeñan funciones importantes. Para que esta cooperación funcione, las personas necesitan información comprensible, oportunidades reales de participación y confianza en las instituciones. Esa confianza se construye cuando las autoridades comunican con transparencia, cumplen sus compromisos y responden por sus decisiones.
«La reducción del riesgo es una responsabilidad compartida, pero no todos los actores tienen las mismas obligaciones ni la misma capacidad de decisión».
Muchas de las medidas que resultaron indispensables durante la emergencia requerían preparación previa. Los sistemas de alerta temprana, las rutas de evacuación, los protocolos de coordinación y las medidas para mantener los servicios esenciales no podían improvisarse cuando el agua ya había entrado en las viviendas.
El Marco de Sendai 2015–2030 (UNDRR, 2015) reconoce la importancia de prevenir nuevos riesgos, reducir los existentes y fortalecer la preparación para responder y recuperarse eficazmente. Una sociedad podía mejorar su capacidad de respuesta y, al mismo tiempo, continuar acumulando riesgos mediante sus decisiones de desarrollo.
Las decisiones que nadie vio
Semanas después, cuando comenzaron a evaluarse los daños, surgieron preguntas difíciles. ¿Por qué se habían construido tantas viviendas en las zonas inundables? ¿Existían estudios sobre las crecidas del río? ¿Quién había autorizado las nuevas urbanizaciones? ¿Se habían considerado las consecuencias de extender la carretera y los servicios públicos hacia aquellos terrenos? Las respuestas no eran sencillas. Las decisiones se habían tomado en diferentes momentos, por distintos actores y con objetivos que no necesariamente incluían la reducción del riesgo. Algunas respondían a necesidades legítimas de desarrollo; otras estaban condicionadas por las circunstancias económicas y sociales de la población.
Pero ¿quién había considerado sus efectos acumulados sobre la exposición del pueblo?
Podían existir estudios de inundación y normas urbanísticas, pero disponer de información sobre las amenazas no garantizaba que las decisiones de desarrollo consideraran cómo estaba cambiando la exposición. Tampoco el cumplimiento de las normas aplicables a cada proyecto aseguraba que se hubieran evaluado los efectos acumulados de las transformaciones del territorio.
La gobernanza del riesgo adquiere entonces una dimensión decisiva: lograr que el conocimiento sobre las transformaciones del territorio influya en la planificación, las inversiones, la regulación y las decisiones de desarrollo. Para ello se necesitan instituciones capaces de coordinarse, incorporar la participación ciudadana, actuar con transparencia y revisar sus decisiones cuando aparecen nuevas evidencias (Bendito et al., 2025).
El Informe de Evaluación Global sobre el Riesgo de Desastres (UNDRR, 2022) advierte que los sistemas económicos y las decisiones de desarrollo pueden contribuir a generar y acumular riesgos cuando sus consecuencias no se consideran adecuadamente.
La gobernanza del riesgo comprende la preparación para responder a las emergencias y la reducción de las vulnerabilidades existentes. También exige anticipar cómo las decisiones presentes pueden modificar la exposición y la vulnerabilidad futuras, y disponer de mecanismos para actuar sobre ellas. El desafío no es solamente conocer dónde existe la amenaza, sino conseguir que ese conocimiento influya en las decisiones que determinarán quiénes y qué bienes estarán expuestos mañana.
«El desafío no es solamente conocer dónde existe la amenaza, sino conseguir que ese conocimiento influya en las decisiones que determinarán quiénes y qué bienes estarán expuestos mañana».
Reconstruir sin reproducir el riesgo
Meses después, el pueblo comenzó a recuperarse. Se repararon caminos, reabrieron los comercios y algunas familias regresaron a sus viviendas. Otras preferían trasladarse a lugares más seguros, aunque temían perder sus empleos, sus relaciones comunitarias y el acceso a los servicios.
Las autoridades debían decidir dónde invertir, qué infraestructuras reconstruir y cómo atender a quienes no tenían recursos para comenzar de nuevo. Reconstruir, sin embargo, no significaba necesariamente reducir el riesgo. Mejorar la resistencia de las edificaciones o reparar las infraestructuras podía disminuir algunas vulnerabilidades. Pero si continuaba aumentando la concentración de personas y bienes en zonas peligrosas aumentaría la exposición, y con ella podrían generarse nuevas condiciones de riesgo.
La recuperación ofrecía una oportunidad para revisar esas circunstancias. Esto implicaba evaluar alternativas de vivienda seguras y asequibles, mejorar los servicios esenciales, proteger los ecosistemas y considerar las consecuencias de cada intervención. Una obra de protección podía beneficiar a un sector y modificar las condiciones de inundación en otro. Una reubicación podía reducir la exposición, pero crear dificultades económicas y sociales si alejaba a las familias de sus empleos y redes de apoyo.
La recuperación ponía a prueba la resiliencia del pueblo. Recuperar lo perdido era apenas una parte del desafío. También había que fortalecer la capacidad de la comunidad para afrontar situaciones adversas y mantener sus funciones esenciales, adaptarse a condiciones cambiantes y, cuando fuera necesario, transformar las prácticas y decisiones que mantenían o generaban nuevos riesgos.
Una comunidad podía estar mejor preparada para evacuar y continuar viviendo en zonas inundables. Una infraestructura podía resistir mejor una crecida y seguir dependiendo de otros servicios vulnerables. Por eso, la resiliencia no debía evaluarse únicamente por la rapidez con que el pueblo recuperaba su funcionamiento, sino por su capacidad para aprender, adaptarse y reducir las condiciones que podían provocar futuras pérdidas.
«La resiliencia no debía evaluarse únicamente por la rapidez con que el pueblo recuperaba su funcionamiento, sino por su capacidad para aprender, adaptarse y reducir las condiciones que podían provocar futuras pérdidas».
Con el tiempo, la vida retomó parte de su normalidad. Pero el futuro del pueblo dependería también de las decisiones que aún estaban por tomarse. ¿Dónde se construirían las próximas viviendas? ¿Cómo se mantendrían las infraestructuras? ¿Se tendría en cuenta cómo estaba cambiando la exposición al autorizar nuevas construcciones? ¿Cómo participarían los habitantes en esas decisiones?
Las familias podían prepararse y fortalecer sus viviendas, pero necesitaban políticas públicas que hicieran viables las opciones seguras, especialmente para quienes tenían menos recursos. Las autoridades debían reconocer que las decisiones sobre vivienda, infraestructura y uso del suelo podían contribuir a construir seguridad o acumular nuevos riesgos.
La verdadera prueba de la gobernanza del riesgo no estaría solamente en cómo el pueblo respondería a una nueva inundación u otra amenaza, sino en las decisiones que tomaría durante su recuperación y en los años siguientes.
La tormenta había pasado, pero las decisiones que determinarían el futuro del pueblo todavía estaban por tomarse.
«La tormenta había pasado, pero las decisiones que determinarían el futuro del pueblo todavía estaban por tomarse».
Referencias:
- -Bendito, A., Villaveces, S., Acquaviva, L., Ferrero, S., Pulido, L., Cotte, W. y Mena, R. (2025). Hacia una Gobernanza del Riesgo de Nueva Generación. Marco integral y hoja de ruta para fortalecer sistemas anticipatorios, inclusivos y sostenibles. WCMR. https://doi.org/10.5281/zenodo.17795315
- -Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844
- -United Nations General Assembly. (2016). Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction (A/71/644). United Nations.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations.
- -United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2022). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022: Our World at Risk: Transforming Governance for a Resilient Future. United Nations.