Foto: AFP via Getty Images
El 15 de septiembre de 2026 se presentó el Volumen A de la Evaluación de Necesidades de Recuperación Postdesastre (PDNA), preparada tras el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela. La participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con el Banco Mundial, la Unión Europea y otros organismos internacionales, representa una oportunidad excepcional para introducir criterios técnicos, transparencia y rendición de cuentas en un proceso de reconstrucción que comprometerá recursos cuantiosos y afectará durante años la vida de miles de venezolanos.
Sin embargo, el documento divulgado es esencialmente una síntesis. Presenta estimaciones agregadas de daños, pérdidas y necesidades de recuperación, pero remite al Volumen B los análisis sectoriales y temáticos que permitirían examinar sus fundamentos.
Hasta donde se ha hecho público, ese segundo volumen no está disponible para el escrutinio de universidades, colegios profesionales, comunidades afectadas y organizaciones independientes. En consecuencia, la sociedad venezolana aún no cuenta con información suficiente para verificar las cifras, contrastar los inventarios, evaluar los supuestos y comprender cómo se determinaron las necesidades.
Abel Mejía Betancourt
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No se trata de un detalle editorial. Un PDNA adquiere valor público cuando sus resultados son verificables, sus limitaciones son explícitas y sus conclusiones pueden someterse a una discusión técnica independiente. Sin esos requisitos, un documento que debería fortalecer la confianza corre el riesgo de convertirse en una justificación de decisiones ya adoptadas.
«Un PDNA adquiere valor público cuando sus resultados son verificables, sus limitaciones son explícitas y sus conclusiones pueden someterse a una discusión técnica independiente».
Publicar resultados no equivale a rendir cuentas
El PNUD ha establecido Normas Sociales y Ambientales que incorporan principios de derechos humanos, inclusión, sostenibilidad, resiliencia y rendición de cuentas. Sus procedimientos también reconocen la importancia de la participación efectiva de las partes interesadas y del acceso a la información.
Estos principios son especialmente relevantes en una reconstrucción que debe decidir dónde invertir, qué servicios recuperar primero, qué riesgos son aceptables y qué poblaciones podrían quedar excluidas.
La divulgación de un resumen ejecutivo no equivale, por sí sola, a un proceso de información y consulta pública. Para que exista participación significativa, las personas e instituciones interesadas deben tener acceso oportuno a la documentación pertinente, comprender los criterios utilizados y contar con posibilidades reales de influir en las decisiones antes de que estas se consoliden.
Es necesario conocer quiénes participaron en la elaboración del PDNA, qué comunidades fueron consultadas, qué organizaciones profesionales intervinieron, cómo se registraron las observaciones y de qué manera estas modificaron los resultados.
La consulta no puede confundirse con reuniones de coordinación entre organismos oficiales e internacionales, ni reducirse a la presentación de conclusiones una vez concluido el trabajo.
Una evaluación internacional no puede prescindir de las capacidades nacionales
El propio documento describe un proceso llevado a cabo por las autoridades nacionales, con la participación de agencias internacionales y de equipos técnicos sectoriales. Pero la composición institucional de esos equipos no demuestra que haya existido una participación representativa de comunidades afectadas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales o expertos independientes.
Esta distinción resulta particularmente importante en Venezuela. La fragilidad institucional, las restricciones a la información y el deterioro de las capacidades públicas hacen aún más necesario el contraste independiente de los resultados.
La participación no es una cortesía concedida por las autoridades ni un complemento de las comunicaciones. Es una condición para mejorar la calidad de la evaluación, identificar omisiones y reducir los riesgos de exclusión y error en la toma de decisiones.
«La participación no es una cortesía concedida por las autoridades ni un complemento de las comunicaciones».
En este contexto, corresponde solicitar al PNUD una explicación documentada sobre las modalidades de participación utilizadas, los criterios de selección de los interlocutores y los mecanismos previstos para recibir y responder a las observaciones sustantivas.
La reconstrucción tiene leyes, territorio y responsabilidades
Venezuela no carece de normas para organizar la reconstrucción. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio-naturales y Tecnológicos de 2009 establece un marco para vincular la prevención, la atención de desastres, la rehabilitación y la reconstrucción.
Asimismo, el ordenamiento territorial y urbanístico debe orientar las decisiones sobre la localización, los usos del suelo, la infraestructura y la exposición a las amenazas.
El PDNA debería explicar cómo sus recomendaciones se relacionan con ese marco jurídico y con los instrumentos de planificación aplicables.
Sin esa articulación, existe el riesgo de que la reconstrucción sea absorbida por estructuras extraordinarias, discrecionales y escasamente sujetas al control público, creadas para administrar una emergencia y no para dirigir una transformación territorial a largo plazo.
La atención inmediata a los damnificados exige rapidez y coordinación. La reconstrucción, en cambio, requiere planificación, participación, instituciones responsables, gestión de riesgos, sostenibilidad de los servicios y mecanismos estables de financiamiento. No son funciones equivalentes y no deberían confundirse.
El Marco de Recuperación será la verdadera prueba
La principal preocupación no termina con el PDNA. El paso siguiente es el Marco de Recuperación Resiliente (MRR), un instrumento que deberá traducir los diagnósticos en objetivos, prioridades, inversiones, mecanismos financieros y responsabilidades de ejecución.
Es precisamente allí donde las deficiencias de información y de participación podrían tener consecuencias concretas. Una línea de base incompleta puede llevar a subestimar las necesidades; una evaluación que no incorpore a las comunidades puede pasar por alto situaciones de vulnerabilidad; y una cartera de proyectos desconectada del ordenamiento territorial puede reproducir condiciones de riesgo.
La metodología internacional no debería utilizarse para legitimar automáticamente las decisiones de una administración pública. Su valor reside, por el contrario, en incorporar la verificabilidad, la diligencia debida, la evaluación de riesgos sociales y ambientales y mecanismos independientes de rendición de cuentas.
«Antes de establecer compromisos financieros y aprobar prioridades de inversión, el Marco de Recuperación debe abrirse a una consulta sustantiva y documentada».
Antes de establecer compromisos financieros y aprobar prioridades de inversión, el Marco de Recuperación debe abrirse a una consulta sustantiva y documentada.
Cumaná demuestra por qué la opacidad importa
La emergencia en el abastecimiento de agua en Cumaná es una advertencia reciente. Desde febrero, las decisiones y los trabajos sobre una infraestructura crítica se han desarrollado sin que se hayan puesto a disposición del público diagnósticos técnicos, informes independientes sobre la seguridad de las instalaciones ni un cronograma de recuperación verificable.
Las restricciones al acceso de los medios y de los especialistas agravaron la pérdida de confianza.
La lección no consiste en equiparar dos desastres de naturaleza distinta. Consiste en reconocer que la opacidad impide verificar riesgos, evaluar alternativas y exigir responsabilidades. La reconstrucción de La Guaira no debería repetir ese patrón, especialmente cuando intervienen organismos internacionales comprometidos institucionalmente con la transparencia y la participación.
El PNUD debe responder conforme a sus propios compromisos
El PNUD dispone de un mecanismo independiente de rendición de cuentas, cuya Unidad de Cumplimiento Social y Ambiental (SECU) puede examinar presuntos incumplimientos de sus compromisos sociales y ambientales en el marco de su mandato.
Por ello, las inquietudes sobre el proceso del PDNA ameritan una respuesta institucional documentada y, si se verifica el vínculo con actividades sujetas a dichos compromisos y con posibles daños a las comunidades afectadas, su consideración mediante los mecanismos correspondientes.
Las medidas solicitadas son concretas: divulgar el Volumen B y la documentación técnica pertinente; facilitar las bases de datos, fuentes, metodologías, inventarios y supuestos sujetos a las salvaguardas legales necesarias; publicar la metodología y los resultados de la participación de las partes interesadas; abrir un proceso de consulta pública con respuestas documentadas; y explicar cómo el futuro Marco de Recuperación se ajustará a la legislación venezolana y a los compromisos sociales y ambientales del PNUD.
No se pretende impedir la reconstrucción ni descalificar el esfuerzo de los profesionales que han participado en el PDNA. Se pretende que una evaluación respaldada por las Naciones Unidas cumpla la función que justifica su existencia: transformar una tragedia en un proceso de recuperación técnicamente sólido, socialmente inclusivo, jurídicamente responsable y verificable.
«La credibilidad de la reconstrucción no dependerá de la autoridad de quienes firmen el informe, sino de la posibilidad de examinar sus fundamentos, participar en la toma de decisiones y exigir cuentas por sus resultados».
La credibilidad de la reconstrucción no dependerá de la autoridad de quienes firmen el informe, sino de la posibilidad de examinar sus fundamentos, participar en la toma de decisiones y exigir cuentas por sus resultados.
