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La reconstrucción de La Guaira tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026 representa una oportunidad excepcional para corregir las debilidades institucionales que han agravado las consecuencias de los desastres naturales en Venezuela. La participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con el Banco Mundial, la Unión Europea y otros organismos internacionales, debería contribuir a introducir estándares de rigor técnico, transparencia, participación y rendición de cuentas.
Precisamente por la importancia de ese compromiso, resulta necesario examinar críticamente la Evaluación de Necesidades de Recuperación Postdesastre (PDNA), cuyo Volumen A fue divulgado el 15 de septiembre, y preguntarse si el proceso seguido hasta ahora responde efectivamente a los compromisos sociales y ambientales establecidos por el propio PNUD.
Abel Mejía Betancourt
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El documento constituye un esfuerzo por dimensionar los efectos del terremoto, con estimaciones muy agregadas y sin verificación independiente. Los análisis sectoriales y temáticos que sustentan los resultados se remiten al Volumen B, cuya disponibilidad pública no hemos podido confirmar.
Tampoco se sabe cómo revisar las líneas de base, los inventarios de infraestructura, las fuentes de información y los supuestos utilizados para estimar los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación.
No se trata simplemente de mejorar la presentación de un informe. El PDNA deberá servir de base para decidir dónde reconstruir, qué servicios recuperar primero, qué inversiones financiar y, sobre todo, cómo evitar que nuevas amenazas produzcan otra tragedia.
«El PDNA deberá servir de base para decidir dónde reconstruir, qué servicios recuperar primero, qué inversiones financiar y, sobre todo, cómo evitar que nuevas amenazas produzcan otra tragedia».
La Guaira no enfrenta una sola amenaza
La principal cuestión que debe examinarse es si la evaluación ha considerado adecuadamente la naturaleza multiamenaza del territorio. La Guaira ocupa una estrecha franja costera entre el mar Caribe y las abruptas pendientes de la cordillera de la Costa, atravesada por numerosas cuencas torrenciales.
Su población, infraestructura, actividades económicas y servicios esenciales están concentrados en espacios reducidos, expuestos simultáneamente a amenazas sísmicas, movimientos de ladera, aludes torrenciales, inundaciones, erosión costera y otros fenómenos extremos. La interacción de estas amenazas puede agravar considerablemente las consecuencias de cada evento.
La tragedia de diciembre de 1999 dejó una lección que no debería olvidarse. Entre 2001 y 2008 se construyó un importante sistema de obras de control de sedimentos y canalizaciones destinado a reducir los riesgos para las poblaciones asentadas en los abanicos aluviales.
Estas infraestructuras constituyen un sistema de protección territorial, no una colección de obras aisladas. Su utilidad depende tanto de sus características de diseño como de su integridad estructural, su capacidad de retención, su funcionamiento hidráulico y su mantenimiento periódico.
La vulnerabilidad actual no es una preocupación hipotética. El profesor José Luis López, de la Universidad Central de Venezuela, presentó el 20 de septiembre de 2026 un informe técnico basado en inspecciones de campo realizadas entre julio y agosto, que documenta el estado físico y funcional de 64 presas de control de sedimentos distribuidas en 28 ríos y quebradas.
Sus resultados son particularmente preocupantes: de las 36 presas cerradas, 24 están completamente colmatadas, mientras que las restantes presentan grados significativos de sedimentación. El estudio identifica, además, obras destruidas o severamente deterioradas en distintos sectores, entre ellos Anare, Quebrada Seca y Camurí Grande, así como procesos de socavación que amenazan la estabilidad de otras estructuras.
«De las 36 presas cerradas, 24 están completamente colmatadas».
El informe documenta un problema adicional directamente relacionado con el terremoto. Según los resultados del grupo de reconocimiento geotécnico GEER, el sismo provocó 650 movimientos de masa en el flanco norte de la cordillera de la Costa, principalmente entre Catia La Mar y Naiguatá.
Estos deslizamientos representan nuevas fuentes de sedimentos que podrían movilizarse durante futuras lluvias torrenciales. En consecuencia, el terremoto no solo causó daños inmediatos, sino que también modificó las condiciones de amenaza en las cuencas y pudo incrementar la disponibilidad de materiales susceptibles de ser transportados hacia las áreas urbanizadas.
La perspectiva climática refuerza la necesidad de actuar, aunque exige distinguir cuidadosamente entre las previsiones globales y los riesgos locales. Los pronósticos internacionales de octubre de 2026 sobre un episodio de El Niño de intensidad excepcional justifican revisar los escenarios hidrometeorológicos regionales.
Por ello, la evaluación de riesgos debe considerar la variabilidad climática regional, las precipitaciones extremas, la susceptibilidad de las laderas, el transporte de sedimentos y las condiciones actuales de las obras de protección.
La combinación de amenazas históricamente comprobadas, nuevos movimientos de masas y una infraestructura de protección que ha perdido capacidad funcional obliga a plantear preguntas urgentes.
¿Cómo se incorporarán los resultados del informe de López al Marco de Recuperación Resiliente? ¿Se están actualizando los mapas de amenazas y riesgos? ¿Cuáles son las obras que requieren intervenciones inmediatas? ¿Quién será responsable de rehabilitarlas, operarlas y mantenerlas? ¿Qué mecanismos de vigilancia hidrometeorológica, de alerta temprana y de evacuación estarán disponibles para proteger a las comunidades?
El informe de López es posterior a la presentación del Volumen A del PDNA. Por ello, debe asegurarse de que sus hallazgos sean examinados e incorporados en las siguientes decisiones de recuperación, especialmente antes de aprobar inversiones y nuevas ubicaciones de viviendas e infraestructuras.
Reconstruir mejor no significa simplemente construir obras mejores
El principio internacional de «Build Back Better» suele interpretarse de forma demasiado estrecha. Sustituir una tubería destruida por otra de mejores materiales, diseñar un puente con mayores exigencias estructurales o reconstruir una vivienda con mayor resistencia sísmica son avances necesarios, pero insuficientes.
Reconstruir mejor también significa reducir la exposición y la vulnerabilidad, respetar las restricciones ambientales, recuperar funciones ecosistémicas, ordenar los usos del suelo, proteger a las comunidades y establecer instituciones capaces de mantener las infraestructuras de forma sostenible.
«Una obra técnicamente excelente puede constituir una mala inversión pública si se localiza en una zona de alto riesgo».
Una obra técnicamente excelente puede constituir una mala inversión pública si se localiza en una zona de alto riesgo, interfiere con el funcionamiento natural de una cuenca, incrementa la exposición de la población o carece de un operador responsable de su mantenimiento.
Por ello, la evaluación de alternativas no puede limitarse a los costos de construcción ni a la mejora de los estándares de diseño. Debe considerar opciones de localización, soluciones basadas en la naturaleza, restricciones ambientales, riesgos residuales, costos de operación y mantenimiento y efectos acumulativos sobre el territorio.
Esta dimensión resulta especialmente importante cuando el Gobierno anuncia programas de construcción de viviendas y nuevas infraestructuras sin divulgar los estudios que permitan comprobar la idoneidad de los terrenos, su conformidad de uso, las restricciones establecidas en los instrumentos de ordenamiento territorial y las evaluaciones ambientales y de amenazas pertinentes.
No se puede dar por sentado que cualquier terreno disponible sea apto para la reconstrucción. La legalidad urbanística, la seguridad de los emplazamientos y la sostenibilidad ambiental deben examinarse antes de comprometer inversiones, no después de iniciar las obras.
Venezuela dispone de un marco normativo que no debería ignorarse. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio-naturales y Tecnológicos de 2009 vincula la gestión del riesgo con la prevención, la planificación, la atención de emergencias, la rehabilitación y la reconstrucción.
También existen instrumentos de ordenación territorial y urbanística que deben orientar las decisiones sobre la ocupación del suelo y la infraestructura. El PDNA y el Marco de Recuperación deben explicar cómo se articulan con ese marco y cómo evitarán que estructuras extraordinarias, creadas para atender la emergencia, terminen por sustituir indefinidamente a las instituciones civiles responsables de la planificación y la gestión territorial.
Los damnificados deben participar en las decisiones que afectan sus vidas
La participación de las comunidades afectadas constituye otra cuestión fundamental. Una vivienda destruida no es solo una pérdida patrimonial que pueda compensarse con la entrega de otra unidad habitacional. Representa también la pérdida de relaciones familiares y comunitarias, de empleo, de actividades económicas, de acceso a servicios, de escuelas, de transporte y de vínculos con el territorio.
La reubicación de una familia puede resolver un problema inmediato de alojamiento y, al mismo tiempo, generar nuevos problemas sociales y económicos si no se consideran dichas circunstancias.
No basta, por tanto, con reubicar a los damnificados en viviendas disponibles en otras regiones del país. Es indispensable conocer las alternativas que se están examinando: reconstrucción segura en el mismo lugar cuando sea técnicamente viable, rehabilitación de viviendas recuperables, reubicaciones cercanas dentro de La Guaira, desarrollo de nuevas áreas residenciales en terrenos aptos o, cuando resulte necesario, reasentamientos más alejados con garantías adecuadas.
Cada alternativa tiene implicaciones económicas, sociales, ambientales y territoriales que deben evaluarse y discutirse con las personas afectadas.
Las decisiones deben considerar no solo las preferencias de las familias, sino también su seguridad, sus medios de vida, la tenencia de la tierra, las necesidades de los grupos vulnerables y la posibilidad efectiva de acceder a servicios esenciales.
La participación significativa exige información comprensible, consulta previa a la toma de decisiones, examen de alternativas y mecanismos accesibles para formular observaciones y reclamaciones. No puede reducirse a elaborar censos de damnificados, a comunicar destinos de reubicación ni a solicitar la aceptación de soluciones ya definidas.
«La participación significativa exige información comprensible, consulta previa a la toma de decisiones, examen de alternativas y mecanismos accesibles para formular observaciones y reclamaciones».
Estas preocupaciones corresponden directamente a los compromisos del PNUD en materia de derechos humanos, participación de las partes interesadas, acceso a la información, prevención de daños y gestión de los desplazamientos y reasentamientos involuntarios, cuando sus normas resulten aplicables a las actividades concretas que apoya.
La pregunta que debe responderse no es solo cuántas viviendas se entregarán, sino si las decisiones de reconstrucción protegen los derechos, la seguridad y las condiciones de vida de quienes sufrieron el desastre.
El PNUD debe demostrar que cumple con sus propios compromisos.
Las Normas Sociales y Ambientales del PNUD incorporan principios de sostenibilidad y resiliencia, de rendición de cuentas y de participación efectiva de las partes interesadas, así como estándares específicos relacionados con el cambio climático y los riesgos de desastres, la seguridad de las comunidades y los desplazamientos y reasentamientos.
Esos compromisos tienen especial relevancia cuando una intervención internacional contribuye a definir prioridades, seleccionar inversiones o establecer las condiciones institucionales de la recuperación.
El Volumen A del PDNA describe una estructura de trabajo integrada principalmente por instituciones gubernamentales y organismos internacionales. Sin embargo, esta composición no permite determinar por sí sola el grado de participación efectiva de los damnificados, las universidades, las academias, los colegios profesionales y las organizaciones independientes.
Tampoco permite conocer con suficiente detalle cómo se contrastaron las estimaciones con información de campo, cómo se examinaron las alternativas territoriales ni de qué manera se incorporaron las observaciones de las comunidades. Estas son cuestiones que deben aclararse documentalmente, sin prejuzgar la existencia de un incumplimiento.
La preocupación cobra mayor importancia porque la siguiente etapa, el Marco de Recuperación Resiliente (MRR), convertirá las evaluaciones en prioridades de inversión, en arreglos institucionales y en mecanismos de financiamiento.
Es allí donde la información incompleta, la consulta insuficiente o la evaluación inadecuada de riesgos pueden tener consecuencias materiales para comunidades ya vulnerables. La documentación técnica disponible sobre el deterioro de las presas y los movimientos de masa posteriores al sismo refuerza la necesidad de una evaluación preventiva de los riesgos que podrían afectar nuevas viviendas, infraestructuras y servicios públicos.
El prestigio de los organismos internacionales no puede sustituir la transparencia de los procedimientos ni la posibilidad de examinar de forma independiente sus resultados. Por el contrario, su participación debería constituir una garantía adicional frente a las prácticas de opacidad y discrecionalidad que han socavado la confianza en la administración pública venezolana.
«El prestigio de los organismos internacionales no puede sustituir la transparencia de los procedimientos ni la posibilidad de examinar de forma independiente sus resultados».
El PNUD cuenta con un Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas que incluye la Unidad de Cumplimiento Social y Ambiental (SECU), encargada de examinar presuntos incumplimientos de sus compromisos sociales y ambientales en el marco de su mandato.
La existencia de ese mecanismo abre una vía institucional para solicitar explicaciones y, cuando corresponda, una revisión independiente de posibles omisiones que puedan causar daños a las comunidades. No se trata de atribuir responsabilidades de antemano, sino de exigir que los compromisos de la organización sean verificables y que existan procedimientos efectivos para corregir las deficiencias.
Cinco demandas para una reconstrucción transparente y responsable
Antes de que el Marco de Recuperación Resiliente consolide decisiones de inversión, el PNUD y las instituciones participantes deberían responder a cinco demandas fundamentales:
- Divulgación y verificación independiente del PDNA.
Publicar el Volumen B y facilitar las líneas de base, los inventarios de infraestructura, los mapas, las fuentes, las metodologías y los supuestos utilizados, con las protecciones legítimas para la información sensible. Establecer un procedimiento documentado para recibir observaciones técnicas, corregir errores y explicar las decisiones adoptadas. - Incorporación de la evaluación multiamenaza y del diagnóstico de las presas.
Examinar formalmente el informe técnico de José Luis López del 20 de septiembre de 2026, verificar sus hallazgos e incorporarlos a las prioridades del Marco de Recuperación. Actualizar los mapas de amenazas sísmicas, torrenciales, geotécnicas y costeras, considerando los nuevos movimientos de masa y las condiciones climáticas regionales. Identificar intervenciones urgentes, riesgos residuales, responsabilidades institucionales y financiamiento permanente para la rehabilitación, operación y mantenimiento de las obras de protección y los sistemas de alerta temprana. - Cumplimiento del ordenamiento territorial y de las salvaguardas ambientales.
Hacer públicos los criterios utilizados para seleccionar terrenos, ubicar nuevas viviendas e infraestructuras y evaluar alternativas de reconstrucción. Demostrar su compatibilidad con los instrumentos de planificación, las restricciones ambientales y la legislación venezolana en materia de gestión de riesgos, e identificar las evaluaciones ambientales y sociales aplicables antes de aprobar inversiones. - Consulta significativa a los damnificados y evaluación de alternativas de reasentamiento.
Publicar los procedimientos de participación, las comunidades consultadas, las alternativas de reconstrucción y reubicación examinadas y los criterios para compararlas. Garantizar que las personas afectadas puedan influir en las decisiones antes de su aprobación y dispongan de mecanismos accesibles para presentar reclamaciones y obtener respuestas. - Rendición de cuentas y condiciones del Marco de Recuperación.
Identificar las actividades específicas del PNUD, los compromisos sociales y ambientales aplicables, los resultados de los procesos de evaluación de riesgos y las responsabilidades de las instituciones ejecutoras. Someter el Marco de Recuperación a revisión pública antes de consolidar la cartera de inversiones y establecer mecanismos de seguimiento, de auditoría independiente, de respuesta a reclamaciones y de divulgación periódica de resultados.
Estas demandas no buscan retrasar la reconstrucción. Buscan evitar que la urgencia se convierta en una justificación para repetir errores que han costado vidas, patrimonio y recursos públicos.
Su cumplimiento permitiría transformar el PDNA en una base confiable para orientar inversiones, reducir riesgos y recuperar servicios sostenibles, mientras que una respuesta insuficiente justificaría examinar, mediante los mecanismos institucionales correspondientes, la aplicación de los compromisos asumidos por los organismos participantes.
«Estas demandas no buscan retrasar la reconstrucción. Buscan evitar que la urgencia se convierta en una justificación para repetir errores que han costado vidas, patrimonio y recursos públicos».
