La ayuda que no llegó igual: terremotos del 24J
Foto: Via Lutheran World Federation
El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, sacudieron el centro-norte de Venezuela. Según Desafío Fénix Venezuela, hasta el 25 de agosto la catástrofe deja 6.509 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 23.811 en campamentos; 6.462 fueron rescatadas y 226.696 pacientes han sido atendidos.
Haydee García Velásquez
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Al lado del desastre físico ocurrió otro fenómeno, menos visible pero igual de determinante: no toda la ayuda humanitaria llegó de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni por las mismas vías. Ese acceso desigual es, en sí mismo, una violación al ejercicio de los derechos humanos que merece discutirse con detenimiento.
Dos velocidades de respuesta
Un informe de Transparencia Venezuela comparó el despliegue de socorristas venezolanos con el de otros países. A las 24 horas, Venezuela solo había desplegado el 12,6% del total de funcionarios que finalmente movilizaría; a las 48 horas, apenas el 34,6%.
El máximo despliegue oficial, cerca de 32.000 efectivos, no se alcanzó hasta el día 18, quince días después de cerrarse la ventana de 72 horas de mayor probabilidad de encontrar sobrevivientes con vida. Chile en 2010 y Japón en 2011 ya habían llegado al 71% y 46% de su despliegue máximo a las 48 horas.
A las 48 horas, Venezuela apenas había desplegado un tercio de su máximo de efectivos. En Chile y Japón, el despliegue ya había alcanzado una proporción mucho mayor.
La vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó públicamente estas críticas y aseguró que la respuesta fue inmediata, señalando que en las primeras 24 horas se desplegaron 4.000 funcionarios. Sin embargo, organizaciones humanitarias, comunicadores sociales, rescatistas y buena parte de la población afectada coincidieron en describir una reacción lenta y descoordinada, más orientada en algunos casos a controlar el acceso a las zonas de desastre que a facilitar la llegada de auxilio.
Un informe de Justicia, Encuentro y Perdón resumió el sentimiento de muchos sobrevivientes con una frase que se repitió en distintos medios:
La gente se convirtió en sus propios socorristas.
Un análisis de Abel Mejía Betancourt (2026) en el blog de Desafío Fénix Venezuela profundiza en esa brecha: la primera respuesta surgió “desde abajo”, con familiares y voluntarios removiendo escombros con lo que tenían a la mano, mientras los bomberos eran casi la única excepción organizada.
La capacidad especializada —equipos USAR, perros entrenados, personal médico— tuvo que llegar mayoritariamente desde el exterior, pese a que Venezuela cuenta con una Ley de Gestión Integral de Riesgos, vigente desde 2009, que se suponía debía impulsar, precisamente, ese tipo de capacidades en el país.
Como respuesta a esta carencia, el Estado terminó por crear, ese mismo 24 de junio, un Estado Mayor de contingencia: una reacción apresurada, no el resultado de una preparación previa… o, como lo podríamos expresar en criollo, “aplicaron una política de tapar huecos”.
Los otros canales: gobiernos, ONG y la diáspora
Mientras el Estado venezolano enfrentaba estas críticas, un segundo canal de ayuda se activaba con una lógica distinta: la cooperación internacional y la solidaridad ciudadana, canalizadas por gobiernos, ONG y la diáspora venezolana.
Entre otros, España, vía AECID, envió 42 toneladas de insumos a la Cruz Roja venezolana y rescatistas de la Unidad Militar de Emergencias. Samaritan’s Purse instaló un hospital de campaña en La Guaira; iglesias como la Adventista repartieron agua y kits. Estados Unidos se asoció con Global Empowerment Mission y Walmart, y elevó su financiamiento a 300 millones de dólares. Y desde muy distintas partes del mundo —Miami, Bogotá, Madrid o Buenos Aires— migrantes venezolanos organizaron colectas para sus comunidades de origen.
Pero esta vía de ayuda tuvo que abrirse paso entre un obstáculo que no existe en la mayoría de los desastres naturales: el régimen de sanciones económicas que pesa sobre Venezuela.
El 25 de junio, un día después de los sismos, la OFAC tuvo que emitir la Licencia General 60, un permiso especial que autoriza transacciones financieras de socorro que de otro modo estarían prohibidas. Semanas después, el 17 de julio, la OFAC aclaró que esos fondos podían transferirse directamente al Gobierno venezolano, sin pasar por mecanismos bancarios más restrictivos.
Incluso en medio de una tragedia con miles de muertos, la ayuda humanitaria necesitó un permiso temporal para poder fluir sin tropiezos legales.
La licencia está vigente solo hasta el 23 de octubre de 2026. Pero la OFAC no fue el único obstáculo, ni el principal para buena parte de la ayuda. El propio Estado impuso controles que retrasaron o bloquearon la distribución una vez que los insumos ya estaban dentro del país.
Según Reuters (The Jerusalem Post, 2026), las autoridades cerraron el acceso vial entre Caracas y La Guaira exigiendo credenciales a voluntarios civiles, y días después del sismo diez países que habían ofrecido apoyo aún no habían sido autorizados a desplegar sus equipos.
También se documentaron episodios locales (Wikipedia, 2026): en Altamira, policías retuvieron insumos donados; en Guanarito, Protección Civil exigió ser el único centro de acopio; y en Obispos, la PNB cerró un punto de recolección.
Una familia que perdió su vivienda en La Guaira no eligió depender de una licencia de sanciones o de un permiso local para recibir ayuda; simplemente le tocó vivir esa dependencia.
Un problema de derechos, no solo de logística
Desde la perspectiva de derechos humanos, el acceso a la asistencia humanitaria tras un desastre no es un favor: es una condición necesaria para garantizar derechos básicos como la vida, la salud, la vivienda y la alimentación.
Cuando ese acceso depende de si una comunidad está cerca de una iglesia con capacidad de despliegue, de si una licencia se destraba a tiempo, o de si las autoridades priorizan la seguridad por encima del rescate, se produce una desigualdad que no es casual: refleja debilidades institucionales previas.
Además, persiste otra violación al ejercicio de los derechos humanos igual de relevante: el derecho a la información. Las cifras oficiales de fallecidos han sido cuestionadas repetidamente, y la falta de transparencia dificulta cualquier rendición de cuentas.
Esa opacidad no es teórica: mientras el balance nacional mantiene la cifra de desaparecidos en 157 personas, el gobernador de La Guaira reconoció que familias de ese estado reportaron 1.579 personas sin paradero conocido y 7.265 fallecidos (Infobae, 2026).
Como advierte González R. (2026a), la metodología PDNA para evaluar necesidades post catástrofe requiere datos confiables, y Venezuela ya arrastraba estimaciones incompletas de su emergencia humanitaria compleja.
A esto se suma un hallazgo del reporte de daños del Banco Mundial (GRADE), citado por González R. (2026b): los terremotos golpearon con más fuerza a los hogares ya vulnerables, obligándolos a reparar lo perdido mientras caían sus ingresos.
La desigualdad en el acceso a la ayuda se monta sobre una desigualdad social preexistente que la catástrofe profundizó.
La propia Adenda al Plan de Respuesta Humanitaria de OCHA (2026) documenta cómo esas desigualdades se combinaron dentro del proceso de ayuda.
Las restricciones de movilidad decretadas para priorizar la búsqueda y rescate, sumadas al colapso de carreteras, dejaron a más de 61.000 personas aisladas semanas después del sismo.
En campamentos como el del Parque del Oeste, con más de 6.100 refugiados, se documentaron brechas de agua potable, tamizaje nutricional insuficiente y falta de apoyo en salud mental, además de mayores riesgos de violencia de género, confirmados también por la ONU un mes después, mientras las personas retornadas del exterior quedaron especialmente desprotegidas al destruirse los centros que las acogían.
La coordinación se dividió de forma improvisada entre distintos ministerios, y el llamamiento de 299 millones de dólares apenas superaba el 40% de financiamiento semanas después de lanzado.
Hacia dónde deberíamos avanzar
Venezuela no puede permitirse que la próxima emergencia, algo que no puede asumirse como lejano dado que hay más de 1.800 réplicas registradas hasta el 20 de agosto, repita el mismo patrón de acceso desigual.
A esto se añade que, como advierte González R. (2026c), el país entra en una negociación política tutelada por Estados Unidos sin comprensión cabal de la catástrofe, lo que hace más urgente que la transparencia y el consenso propuestos aquí no queden subordinados a esa agenda paralela.
Superar este patrón requiere consensos que trasciendan las diferencias políticas, y esos consensos deben traducirse en mecanismos concretos, no solo en declaraciones de buenas intenciones.
Entonces… ¿qué se requiere?
¿Qué se requiere?
Datos confiables y públicos. Venezuela ya cuenta con el marco legal para producirlos: la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos de 2009 ordena, en su artículo 29, un Plan de Reconstrucción sustentado en una evaluación formal de daños y necesidades, en línea con la metodología PDNA que emplean organismos como el Banco Mundial y la Unión Europea.
Aplicar ese mandato en serio implica publicar cifras de fallecidos, desaparecidos, heridos y personas atendidas de forma regular, no solo en los primeros días, desagregadas por estado y municipio y abiertas a verificación independiente.
Un mecanismo humanitario permanente y despolitizado. El país necesita un canal estable que no dependa de licencias temporales como la Licencia General 60 de la OFAC, vigente solo hasta octubre de 2026, ni de la voluntad política de renovarlas. Negociado entre el Gobierno, la cooperación internacional y organismos multilaterales, ese mecanismo evitaría que la próxima emergencia repita la carrera contra el reloj administrativo que documentamos aquí.
Un registro público y verificable de la ayuda distribuida. Un portal similar al que usa la ONU en otras crisis —cuánta ayuda llegó, quién la entregó, cuándo y a qué comunidad— permitiría a cualquier ciudadano auditar en tiempo real si el reparto siguió criterios de necesidad y no de cercanía política, y facilitaría además el trabajo de las propias autoridades para identificar zonas desatendidas.
Capacidad nacional de búsqueda y rescate profesionalizada. La misma Ley de Gestión Integral de Riesgos prevé una Coordinación de Reconstrucción y un Consejo Nacional presidido por la Presidencia de la República. Activarlos de forma explícita, en lugar de crear cada vez estructuras paralelas como el Estado Mayor de contingencia, permitiría que el país deje de depender de 44 equipos internacionales para tareas que debería poder cubrir por sí mismo desde el primer día.
Libertad real para que actúen las organizaciones de la sociedad civil. Es, quizás, la recomendación más urgente en lo inmediato: protocolos claros que garanticen que iglesias, ONG y voluntarios puedan operar centros de acopio y distribuir donaciones sin permisos arbitrarios ni intermediación forzosa de funcionarios locales, como ocurrió en Altamira, Guanarito y Obispos.
Esa libertad no es un gesto de cortesía institucional: es la diferencia entre que la ayuda llegue en horas o en semanas.
Nada de esto depende de crear capacidades desde cero. Venezuela cuenta con recursos que ya están disponibles y que, en su mayoría, se han ofrecido a colaborar sin que nadie los convoque formalmente.
Hay universidades como la Simón Bolívar, que impulsa el proyecto Desafío Fénix a través de FUNINDES, y otras casas de estudio con programas de ingeniería, salud pública y gestión de riesgos; organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en la generación de datos para la asistencia humanitaria, en logística y distribución de ayuda, en protección y atención psicosocial, o en el monitoreo comunitario que ya demostró su valor en campamentos como el del Parque del Oeste.
También existe una amplia comunidad de especialistas venezolanos, dentro y fuera del país, con experiencia en organismos como el Banco Mundial, la ONU o agencias de cooperación internacional, que seguramente se sumarían si existieran canales claros de participación.
Convocarlos es la manera más rápida y menos costosa de dotar al Estado de las capacidades técnicas que, como se documentó aquí, no logró desplegar por sí solo.
Ninguna de estas medidas es sencilla de acordar en el clima político actual.
Pero la alternativa —que el lugar donde alguien nació determine si su rescate llega en 24 horas o en 18 días— es una alternativa que ningún país debería aceptar como normal.
Referencias
CNN en Español (2026, 3 de julio). Delcy Rodríguez defendió la respuesta del Gobierno de Venezuela tras críticas a la reacción ante los sismos. Ver fuente
CNN en Español (2026, 6 de julio). Informe cuestiona respuesta del gobierno venezolano a terremotos: “La gente se convirtió en sus propios socorristas”. Ver fuente
Infobae (2026, 15 de julio). Tardía, opaca e insuficiente: un informe reflejó la respuesta del gobierno interno ante el doble terremoto en Venezuela. Ver fuente
Infobae (2026, 16 de julio). Informe revela que gobierno de Venezuela no atendió con rapidez la emergencia de los terremotos. Ver fuente
U.S. Department of State (2026). Respuesta a los terremotos en Venezuela. Ver fuente
El Diario (2026, 17 de julio). La OFAC autorizó la transferencia directa a Venezuela de fondos de ayuda por los terremotos. Ver fuente
Cuentas Claras Digital (2026, 20 de julio). OFAC aclara que la ayuda humanitaria por los terremotos puede transferirse directamente al gobierno interino de Venezuela. Ver fuente
La Tercera (2026, 29 de junio). Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia. Ver fuente
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Desafío Fénix Venezuela / FUNINDES USB (2026). Recuento de daños (actualizado al 25 de agosto de 2026). Ver fuente
Mejía Betancourt, A. (2026, 26 de agosto). Las primeras 48 horas: el terremoto encontró a un Estado que no estaba preparado. Desafío Fénix Venezuela. Ver fuente
González R., M. J. (2026a, 19 de agosto). Restricciones para estimar las necesidades post catástrofe. TalCual. Ver fuente
González R., M. J. (2026b, 12 de agosto). Retos de la vulnerabilidad social post catástrofe. TalCual. Ver fuente
González R., M. J. (2026c, 5 de agosto). Hacia una transición no inclusiva. TalCual. Ver fuente
Infobae (2026, 25 de agosto). A dos meses del doble terremoto, Venezuela superó los 6.500 muertos mientras continúa la remoción de escombros. Ver fuente
CiberCuba (2026, 26 de agosto). Ascienden a 6.509 los fallecidos tras sismos en Venezuela. Ver fuente
La Calle (2026, 21 de agosto). Funvisis contabiliza más de 1.800 sismos a 57 días del evento telúrico del 24 de junio. Ver fuente
Reporte Confidencial (2026, 16 de julio). España envía 42 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para atender a los afectados por el sismo. Ver fuente
El Nacional (2026, 9 de agosto). El esfuerzo de la diáspora sostuvo y sostiene a las víctimas del doblete sísmico. Ver fuente
The Jerusalem Post (2026, 28 de junio). Venezuela recibe a 1600 rescatistas en búsqueda de sobrevivientes del terremoto. Ver fuente
OCHA (2026, julio). Terremotos Venezuela: Adenda al Plan de Respuesta Humanitaria 2026. Ver fuente
Noticias ONU (2026, 24 de julio). Un mes después del terremoto, las mujeres siguen enfrentando graves riesgos en Venezuela. Ver fuente
Haydee García Velásquez
