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Integración del riesgo sísmico en la gestión de la infraestructura ambiental
Las consecuencias de los eventos sísmicos abarcan muchos aspectos, algunos no lo suficientemente atendidos.
La mayoría de las decisiones, cuando ocurren desastres, se toman priorizando las urgencias relacionadas con el rescate y la atención de las personas damnificadas, y si bien esto debe ser así, la capacidad institucional también debe abarcar la gestión de otros problemas que tienen el potencial de generar nuevas condiciones de riesgo y problemas ambientales y sanitarios.
Joaquín Benítez Maal
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Entre los aspectos que reciben insuficiente atención y recursos, están los relacionados con la Gestión de la Infraestructura Ambiental; cuando se trabaja para fortalecer la resiliencia, una adecuada gestión de esta infraestructura es fundamental para lograr la recuperación social y garantizar adecuadas condiciones ambientales y sanitarias.
La infraestructura ambiental incluye, entre otros elementos, los siguientes: sistemas de abastecimiento de aguas, sistemas de saneamiento y depuración de aguas servidas, rellenos sanitarios e infraestructura de protección ante eventos naturales (diques, presas, canales entre otros).
Una adecuada gestión de esta infraestructura debe incluir no solamente las acciones operativas y de mantenimiento que aseguren su buen funcionamiento en condiciones normales, sino que además debe garantizar su resiliencia ante eventos naturales extremos y su pronta recuperación.
«Una adecuada gestión de esta infraestructura debe incluir no solamente las acciones operativas y de mantenimiento que aseguren su buen funcionamiento en condiciones normales, sino que además debe garantizar su resiliencia ante eventos naturales extremos y su pronta recuperación.»
Cuando falla la infraestructura ambiental: riesgos y consecuencias
Cuando la infraestructura ambiental falla o resulta afectada de manera importante, se generan consecuencias críticas, entre las que destacan:
- Contaminación de cuerpos de agua y suelos: ruptura de colectores y descargas de aguas residuales sin tratamiento previo.
- Fallas en sistemas de contención de lixiviados: desestabilización de las celdas en rellenos sanitarios, derivando en la contaminación de acuíferos estratégicos.
- Interrupción de servicios de suministro de aguas: la pérdida de potabilidad y presión en redes genera crisis humanitarias secundarias inmediatas.
- Exposición de residuos y sustancias peligrosas: fallas en sistemas de contención de químicos y desechos industriales, en edificios, comercios y almacenes.
- Afectación de infraestructura de protección ante aludes torrenciales: fallas estructurales en diques o presas de sedimentos y obstrucción de cauces de canalización de avenidas.
Las fallas de la infraestructura ambiental deterioran la calidad ambiental de las zonas afectadas, lo que puede generar condiciones insalubres, toxicidad y graves efectos sobre el ambiente y la biodiversidad.
Así mismo pueden incrementar la vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos, todo lo cual afecta las posibilidades de rehabilitación y reconstrucción en las áreas afectadas.
Las afectaciones registradas en La Guaira
En el caso de los eventos sísmicos del 24 de junio de 2026, en el estado La Guaira, fueron reportadas algunas afectaciones a esta infraestructura, se mencionan entre otras:
- Plantas potabilización y sistemas de tratamiento de aguas residuales.
- Colectores y emisarios submarinos.
- Relleno sanitario de Camurí Grande.
- Lagunas de estabilización y diques menores.
- Derrames difusos de sustancias tóxicas y peligrosas.
Las consecuencias podrían incluir: afectación a la calidad del agua y al suministro por redes, descargas sin tratamiento, riesgo de infiltración de lixiviados, contaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas marinas.
La ausencia de criterios sísmicos en la normativa ambiental venezolana constituye una brecha que puede generar condiciones de riesgo y establecer contextos que limiten la rehabilitación y la reconstrucción.
La incorporación de criterios de diseño sismorresistente a la infraestructura ambiental, y de acciones de contingencia para garantizar la rápida recuperación de infraestructura dañada puede contribuir a que se incremente la resiliencia de los sectores afectados.
Para intentar reducir esta brecha es necesario desarrollar políticas públicas, normas técnicas y mecanismos de gobernanza adecuados.
«La ausencia de criterios sísmicos en la normativa ambiental venezolana constituye una brecha que puede generar condiciones de riesgo y establecer contextos que limiten la rehabilitación y la reconstrucción.»
Experiencias internacionales: cómo integrar la resiliencia sísmica
La experiencia internacional brinda algunas referencias que pueden servir de guía para el manejo sismorresistente de la Infraestructura Ambiental, países como Japón, Estados Unidos, Chile y Nueva Zelanda, así como organismos multilaterales como el Banco Mundial, han incorporado criterios para la gestión de este tipo de infraestructura en escenarios de desastre y de reconstrucción (Build Back Better).
Japón: la resiliencia sísmica como política de Estado
Japón incorporó la resiliencia sísmica como política de Estado, formuló un Plan Nacional con una alta inversión en el que agua y alcantarillado son prioridad explícita y se propuso como objetivo aumentar el porcentaje de tuberías de agua y saneamiento con diseño resistente a terremotos (34% al 2030).
En la política pública respectiva se establece explícitamente que la infraestructura en agua y saneamiento debe considerarse infraestructura crítica (lifelines), (Cabinet Office of Japan 2023, MLIT 2024).
Estados Unidos: evaluación de riesgos e infraestructura crítica
Estados Unidos presentó en 2023 la Earthquake Resilience Act (H.R. 2568) (U.S. Congress 2023) la cual impulsa la realización de un primer diagnóstico nacional de riesgo sísmico para infraestructura crítica, a la vez que la reconoce a la infraestructura ambiental como una infraestructura crítica y define estándares para infraestructura de energía, agua, comunicaciones y transporte.
Paralelamente, agencias como la Environmental Protection Agency y la Federal Emergency Management Agency (EPA 2023) y (FEMA 2021) han desarrollado guías específicas para la evaluación de vulnerabilidad, planes de mitigación y protocolos post-evento para infraestructura critica.
Chile: lecciones del terremoto y tsunami de 2010
La experiencia en Chile a partir de las afectaciones generadas por el terremoto y el tsunami en 2010 en los cuales se identificaron daños severos en plantas de tratamiento de aguas residuales, emisarios submarinos e infraestructura costera de saneamiento.
El Estado y las empresas de servicios de saneamiento ambiental aplicaron refuerzo sísmico en las infraestructuras afectadas, actualizaron sus normas de diseño y formularon planes de contingencia para garantizar la continuidad operativa después de eventos sísmicos.
Las políticas públicas para la Gestión del Riesgo de Desastres a partir de estos eventos, estableció la necesidad de integrar los factores de resiliencia sísmica en la regulación de la infraestructura sanitaria (Ministerio de Obras Públicas 2011, SISS 2012).
Nueva Zelanda y el Banco Mundial: continuidad operativa
Otros países como Nueva Zelanda y organizaciones como el Banco Mundial han desarrollado criterios e iniciativas que ayudan a garantizar la resiliencia de esta infraestructura, a disminuir el riesgo de que de falla en eventos sísmicos y de que esta genere consecuencias adversas, y a que se mantenga la continuidad operativa (Ministry for the Environment 2023, World Bank. 2024).
El marco normativo venezolano: oportunidades para incorporar el riesgo sísmico
En los principales instrumentos normativos venezolanos están ausentes consideraciones específicas sobre la exposición de la infraestructura ambiental al riesgo sísmico, sin embargo, en algunos de ellos se mencionan aspectos que pueden dar cabida a la instrumentalización de estas consideraciones:
Constitución (arts. 127–129)
Reconoce el derecho a un ambiente sano y seguro y obliga al Estado a prevenir riesgos ambientales.
Ley Orgánica del Ambiente (LOA)
Define la gestión ambiental, el control y la restauración de ecosistemas. Permite incorporar el riesgo sísmico como factor de degradación ambiental.
Ley de Aguas
Regula obras hidráulicas y sistemas de saneamiento. Viabiliza la exigencia de análisis sísmico en plantas y redes.
Ley de Gestión Integral de la Basura
Regula rellenos sanitarios, residuos peligrosos y estaciones de transferencia. Permite incorporar criterios de estabilidad sísmica y protocolos post-evento.
Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos
Permite regular la contención sísmica de sustancias químicas.
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Facilita la integración de microzonificación sísmica en la localización de infraestructura ambiental.
Propuestas para fortalecer la normativa y las políticas públicas
Una instrumentalización más específica de la incorporación del riesgo sísmico para la gestión de la infraestructura ambiental pudiese incluir además, los siguientes elementos:
- En la revisión de la norma COVENIN 1756 Construcciones Sismo Resistentes se puede proponer contemplar el riesgo sísmico como un factor explícito de degradación ambiental por el potencial de afectación de la infraestructura ambiental.
- La actualización de las Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar al Ambiente (Decreto 1257) es un aspecto que debe abordarse de manera perentoria y en este proceso se puede proponer la incorporación obligatoria, en la documentación de la Evaluación de Impacto Ambiental, del análisis de amenaza y vulnerabilidad sísmica para todo proyecto de infraestructura.
Con base a las consideraciones anteriores, es posible identificar un conjunto de elementos de políticas públicas que orienten a las políticas de gestión del riesgo de desastres hacia la resiliencia de la infraestructura ambiental, se mencionan los siguientes:
- Reconocimiento formal de infraestructura ambiental como infraestructura crítica la cual debe considerarse en la gestión del riesgo de desastres.
- Planes nacionales o regionales de resiliencia con metas cuantificables (porcentaje de redes reforzadas, número de sistemas de tratamiento adaptados, rellenos sanitarios reevaluados y reforzados).
- Incorporación de requisitos sísmicos claros en las normas técnicas específicas para agua, saneamiento, residuos y estructuras de contención.
- Protocolos de evaluación rápida y de rehabilitación post evento, institucionalizados.
- Incorporación e institucionalización de esquemas de gobernanza intersectorial relacionados con la gestión de la infraestructura ambiental que incluya: ente ambiental, empresas hidrológicas, gobiernos municipales, operadores de sistemas y equipos de saneamiento y de gestión de residuos, protección civil, academia.
«Reconocimiento formal de infraestructura ambiental como infraestructura crítica la cual debe considerarse en la gestión del riesgo de desastres.»
Las consideraciones planteadas en esta entrada pueden resumirse en propuestas que aspiran a “ambientalizar” la gestión del riesgo sísmico y, al mismo tiempo, “sismificar” la gestión ambiental como estrategias de institucionalización de la resiliencia de la infraestructura ambiental.
«Ambientalizar la gestión del riesgo sísmico y, al mismo tiempo, sismificar la gestión ambiental.»
Referencias
- Cabinet Office of Japan. (2023). National Resilience Promotion Plan: Lifeline Infrastructure and Disaster Mitigation Strategies. Government of Japan.
- Federal Emergency Management Agency. (2021). Earthquake Safety Guide for Critical Facilities. FEMA.
- Ministerio de Obras Públicas. (2011). Evaluación de daños y reconstrucción de infraestructura sanitaria tras el terremoto del 27F. Gobierno de Chile.
- Ministry for the Environment. (2023). Infrastructure Resilience and Natural Hazards: Water, Wastewater and Solid Waste Systems. Government of New Zealand.
- Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. (2024). Earthquake-Resistant Water Supply Systems: National Guidelines. MLIT.
- SISS (2012). Normas técnicas para infraestructura sanitaria en zonas de amenaza sísmica. Superintendencia de Servicios Sanitarios.
- United States Environmental Protection Agency. (2023). Earthquake Resilience Guide for Water and Wastewater Utilities. EPA.
- U.S. Congress. (2023). Earthquake Resilience Act (H.R. 2568). Government Publishing Office.
- World Bank. (2024). Water Infrastructure Resilience: Examples of Dams, Wastewater Treatment Plants, and Water Supply Systems. World Bank Group.
