Reconstruir confianza: el Gobierno no puede reconstruir solo
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La reconstrucción de La Guaira ocurre en un momento político excepcional. Venezuela tiene instituciones desmanteladas, una sociedad profundamente dividida, enormes necesidades financieras y una dependencia inevitable de cooperación técnica y financiamiento internacional.
Abel Mejía BetancourtEn esas condiciones, la reconstrucción no puede descansar exclusivamente sobre la confianza en un Gobierno circunstancial, cualquiera que éste sea. Necesita legitimidad. Esto no significa sustituir al Estado por organizaciones privadas, entregar la reconstrucción a organismos internacionales ni crear una asamblea interminable en la que nadie sea responsable. Significa algo mucho más práctico: construir una arquitectura en la cual el Gobierno conserve sus competencias, pero las decisiones fundamentales estén sometidas a reglas, controles y participación de la sociedad que existe fuera del Gobierno. Academias, universidades, colegios y sociedades profesionales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, operadores de servicios y otros actores no deben ser invitados a una ceremonia. Deben formar parte de la gobernanza.
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«La reconstrucción no puede descansar únicamente sobre la confianza en un Gobierno. Necesita legitimidad.»
La Ley de 2009 ofrece el punto de partida
No es necesario inventar una arquitectura completamente nueva. La Ley de Gestión Integral de Riesgos de 2009 ordena que, después de un desastre, el Consejo Nacional constituya una Coordinación de Reconstrucción para las áreas afectadas. Esa coordinación debe incluir a las instituciones responsables y representación de los estados y municipios afectados, y puede incorporar otros actores necesarios. La ley ofrece, por tanto, una base jurídica para crear una instancia plural sin vaciar las competencias del Estado. La propuesta es utilizar esa figura para constituir una Junta de Reconstrucción y Resiliencia de La Guaira durante la etapa inicial. La Junta no construirá. No administrará contratos. No sustituirá a los ministerios ni al municipio. Su función será: decidir, priorizar, supervisar y rendir cuentas.Una Junta pequeña, no otra burocracia
Para funcionar, la Junta debe ser operativamente manejable. Un directorio de alrededor de 11 a 13 integrantes parece razonable, acompañado por un Consejo Consultivo mucho más amplio. En la Junta deberían estar representados el Gobierno Nacional, la Gobernación y el municipio, junto con personas propuestas por academias, universidades, sociedades profesionales, sector privado organizado, sociedad civil y comunidades. La incorporación de actores no gubernamentales no debe basarse en cuotas partidistas. Debe combinar representación institucional con idoneidad. Los perfiles de los miembros, sus antecedentes, declaraciones de intereses y reglas de conflicto de interés deben ser públicos. Las decisiones fundamentales —Plan de Reconstrucción, prioridades anuales, cambios importantes de cartera, designación del director de la unidad ejecutora— deberían quedar documentadas y publicadas. La legitimidad de la Junta no vendría solamente de quiénes la integran. Vendría de cómo decide y cuánto permite verificar públicamente sus decisiones.El mundo que no es Gobierno debe tener una voz real
Éste es probablemente el punto político más importante. La reconstrucción afectará durante décadas a propietarios, comunidades, empresas, universidades, operadores turísticos, puerto, aeropuerto, servicios públicos, organizaciones ambientales y familias que pueden ser reasentadas. No es razonable que decisiones sobre uso del suelo, prioridades de inversión, zonas de exclusión, localización de viviendas y grandes contratos sean definidas únicamente por estructuras presidenciales de emergencia. La participación tampoco puede reducirse a consultas al final del proceso. La sociedad civil debe poder acceder a la información, formular observaciones, vigilar los resultados y participar en los mecanismos de contraloría social. Las academias y asociaciones profesionales pueden aportar criterios independientes sobre ingeniería, urbanismo, ambiente y riesgo. El sector privado puede contribuir con capacidad operativa, financiamiento y conocimiento de cadenas logísticas. Las universidades pueden apoyar información, monitoreo y formación. La reconstrucción necesita incorporar formalmente al país que no ocupa cargos públicos.«La sociedad que no ocupa cargos públicos también debe formar parte de la reconstrucción.»
Una Junta decide: la UEP ejecuta
Una de las principales lecciones de Vargas es que no debe concentrarse planificación, contratación, ejecución y control en una sola organización. Por eso la Junta debe tener debajo una Unidad Ejecutora del Programa —UEP—, profesional y temporal, con un horizonte aproximado de cinco años. Utilizaría procedimientos compatibles con estándares de las instituciones internacionales de financiamiento. La UEP convertiría las decisiones del Plan de Reconstrucción en proyectos: prepararía diseños, contrataría consultores y obras, administraría adquisiciones, supervisaría contratos, aplicaría salvaguardas ambientales y sociales y publicaría resultados físicos y financieros. Su Director Ejecutivo y los gerentes principales deberían seleccionarse mediante procesos competitivos, con requisitos públicos de experiencia e integridad comparables con los que exigen organismos multilaterales. La UEP no definiría unilateralmente dónde puede construirse. Ejecutaría lo que haya sido aprobado dentro del Plan, el ordenamiento territorial y los mapas de riesgo. Y desde el primer día tendría una fecha de terminación. Al quinto año debe desaparecer.La institución que debe permanecer es otra
La reconstrucción física es temporal. El riesgo no. Por eso se necesita restablecer una Autoridad Única de Área para La Guaira, con una concepción moderna cuenca–ciudad–costa y fundamento en la legislación de ordenamiento territorial. Esta Autoridad no debería convertirse en una CORPOVARGAS II ni administrar la gran cartera de construcción. Su responsabilidad sería permanente: ordenamiento territorial, mapas multiamenaza, monitoreo, sistemas de alerta, cuencas, cauces, presas de sedimentos, infraestructura de reducción del riesgo, calidad ambiental, playas y control de ocupación. La separación debe ser deliberada:«El Estado Mayor responde; la Junta decide y controla; la UEP ejecuta; la Autoridad Única permanece.»Cuatro funciones distintas. Cuatro responsabilidades identificables.
¿Qué pasa con las estructuras creadas después del terremoto?
El Estado Mayor debe concluir su mandato con la emergencia y trasladar las responsabilidades residuales al Gobierno del Estado La Guaira, consistente con la Ley de Gestión Integral de Riesgos de 2009. El Estado Mayor de Campamentos y Venezuela Renace deben disolverse y trasladar sus responsabilidades, registros, contratos e información a la nueva estructura constituida por la Junta de Reconstrucción y Resiliencia, la UEP y la Autoridad Única. Esta transición debe comenzar inmediatamente. La emergencia no se detiene. La institucionalidad se ordena.Legitimidad nacional y credibilidad internacional
La Junta tiene además una función que ningún ministerio puede cumplir por sí solo en el contexto venezolano actual: producir legitimidad. Los organismos multilaterales y los donantes necesitarán reglas fiduciarias, auditorías, adquisiciones competitivas y salvaguardas. Pueden proteger sus recursos mediante convenios de financiamiento, revisiones de grandes contratos y desembolsos contra resultados. Pero no deben gobernar políticamente la reconstrucción. La arquitectura correcta combina dos anclajes: legitimidad jurídica venezolana más credibilidad fiduciaria internacional. La Junta y la UEP pueden conectar ambos.«La reconstrucción necesita legitimidad nacional y credibilidad internacional.»
Reconstruir el Estado mientras se reconstruye La Guaira
La Guaira puede convertirse en un laboratorio de una forma distinta de gobernar lo público. No necesita esperar a que Venezuela resuelva todos sus conflictos políticos. Puede comenzar ahora con reglas simples: decisiones dentro de la ley, nombramientos por mérito, participación plural, contratos abiertos, información pública, auditoría independiente y responsabilidades claras de operación y mantenimiento. El Gobierno debe gobernar. Pero no tiene que hacerlo solo. En una reconstrucción que definirá durante generaciones dónde viven las personas, cómo se ocupa el territorio y cómo se gastan miles de millones de dólares, incorporar a la sociedad que no es Gobierno no debilita al Estado. Lo fortalece.«La confianza no se obtiene pidiendo que la sociedad crea. Se obtiene creando instituciones en las que la sociedad pueda verificar.»La confianza no se obtiene pidiendo que la sociedad crea. Se obtiene creando instituciones en las que la sociedad pueda verificar.
Abel Mejía Betancourt
